Ni ruptura ni linchamiento en contra de la expresidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz ha iniciado el ayuntamiento de Puebla dentro del proceso Entrega-Recepción, aseguró el munícipe capitalino Eduardo Rivera Pérez.
Asimismo, rechazó que las observaciones que se detectaron dentro del proceso entrega-recepción de la administración blanquista pretendan dañar a su antecesora, sino que son observaciones que serán ratificadas o anuladas por el Órgano Superior de Fiscalización (OFS).
El alcalde una vez más defendió el resultado de la revisión del documento, al aclarar que en el dictamen final aprobado por unanimidad en el Cabildo no existe un señalamiento personal en contra de Alcalá Ruiz, sino conclusiones “presuntivas”.
También aseguró que el ayuntamiento no cuenta con la autoridad legal para decidir si existe o no un desvío de recursos, un daño patrimonial o en su caso una irregularidad que genere una sanción mayor, pues las únicas instancias para determinar si se sanciona o no a los exfuncionarios —incluyendo a la exmunícipe— son el Congreso del estado, vía la Comisión Inspectora del Órgano Superior de Fiscalización, con respecto a su antecesora, y en cuanto a los funcionarios blanquistas, la Contraloría municipal.
El presidente municipal sentenció que no existe necesidad de un encuentro con Alcalá Ruiz, pues aseguró que ambos están conscientes de que existe un respeto mutuo, que el proceso de entrega-recepción es un “sistema natural” en un cambio de administración, y que las observaciones serán rechazadas o investigadas por las instancias correspondientes.
Exhortó a los regidores involucrados en acusaciones —incluso de posible lavado de dinero— a tomar este documento de manera “técnico” y ni “mediática”, ya que aún no ha terminado el proceso.
A los “nerviosos”, les manifestó que la determinación del Cabildo de observar un posible daño patrimonial o alguna irregularidad es una simple opinión, porque falta conocer a los principales responsables.
“Cortina de humo”
El presidente de la Comisión de Entrega-Recepción de los ayuntamientos en el Congreso del estado, Jesús Morales Manzo, advirtió que hay un toque político-electoral al caso de la capital, ya que el que determinará si existieron o no irregularidades en la administración de Blanca Alcalá Ruiz es el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Morales Manzo expresó que las declaraciones de los regidores de Acción Nacional, entre ellos Arturo Loyola, al parecer son una “cortina de humo” para distraer un lento comienzo de la administración de Eduardo Rivera Pérez.
Van contra el auditor
El diputado Víctor Hugo Islas Hernández solicitó la destitución del auditor del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, por considerarlo “una persona sin probidad para mantenerse en el cargo, por toda la serie de inconsistencias en su actuar con respecto a la revisión de rendición de cuentas de los municipios de la entidad”.