El síndico municipal Ernesto Bojalil Andrade confirmó que el ayuntamiento de Puebla “no meterá las manos” para defender legalmente al regidor de Acción Nacional (PAN), Pedro Gutiérrez Valera y a su asistente, Fernando Zulbarán y Rojas, en la investigación que se les sigue sobre falsificación de firmas en el dictamen del proceso de entrega-recepción, pues se trata de una acusación personal.

Además, manifestó que se trata de una imputación personal que no involucra al ayuntamiento, pues hasta el momento la acusación no es en contra de la administración; sin embargo, dijo que en caso de que se involucre a la actual administración, la Sindicatura iniciaría un proceso de defensa legal.

El ilícito

De acuerdo a las indagatorias realizadas por la AFI y la Procuraduría General de la República, se determinó que sí hubo falsificación de firmas en el dictamen de la Comisión Especial de Entrega-Recepción que fue encabezada por el panista Pedro Gutiérrez Varela, y que de manera ilegal se habría sustraído el dictamen de las oficinas de la Secretaría General del ayuntamiento.

El problema inició cuando en la hoja original de los anexos se asentaron irregularidades de la gestión de Blanca Alcalá Ruiz por el orden de 439 millones de pesos, para posteriormente modificarlo a 4.3 millones de pesos.

La variación de cifras se atribuyó a un “error de dedo” al momento de elaborar el dictamen donde estaban falsificadas las firmas de los regidores Arturo Loyola González, Irma Adela Fuentes Guevara, Jesús Edgar Alonso Cañete y Alicia Romero Ordaz.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio Pedro Gutiérrez Varela incumplió una primera orden del juez Octavo de Distrito que instruyó la presentación del Anexo 1 y 2 del dictamen, debido a que es el documento crucial en la investigación sobre la falsificación de firmas que se llevó a cabo después del amparo promovido por Fernando Ramos Soriano, exdirector de Recursos Humanos en la administración de Alcalá Ruiz.

Este documento solicitado es una prueba del exfuncionario municipal denunciante que alega una presunta falsificación de firmas y documentos en los que incurrieron regidores del cabildo, para aprobar en fast track el dictamen de la entrega-recepción.

La resolución federal es la de reafirmar el seguimiento jurídico en cuanto a la falsificación de firmas y actas, así como la revisión de los anexos que no se presentaron por parte los integrante de la actual administración municipal. Lo anterior, implicó la realización de un peritaje grafoscológico para determinar si las firmas que aparecen en el acta son originales o si se trató de una falsificación, como lo expresó dentro del procedimiento de solicitud del mismo amparo.