En la junta auxiliar de La Resurrección está a punto de estallar un conflicto social-religioso. Los pobladores y regidores de esta comunidad indígena se oponen a la construcción de una “catedral” en la zona arqueológica, que pretende realizar el párroco Noé Castillo y la presidenta auxiliar Candelaria Portada. A decir de los pobladores, en lugar de una iglesia se requiere una Clínica Indígena toda vez que carecen de los servicios básicos de salud.
Este conflicto de originó después de que el ayuntamiento de Puebla suspendiera la construcción de unas canchas deportivas en la zona arqueológica por un proceso legal que iniciaron ejidatarios del lugar, misma que hasta la fecha sigue detenida.
Sin embargo, el proyecto sigue en pie y la postura del párroco causó el enojo de los pobladores que no quieren que se intervenga en los usos y costumbres de la comunidad.
Los inconformes señalaron que en la comunidad no se requiere otra iglesia, pues hay un predio destinado para tal efecto donde es viable edificar este espacio religioso. Indicaron que incluso el párroco Noé Castillo se ha dedicado a realizar cobros de hasta mil pesos por persona cuando se realiza un bautizo, con lo que supuestamente lo recaudado servirá para esta construcción. Sin embargo, aseguraron que toda la recaudación realizada por el padre no se ha reflejado en la construcción de la iglesia, pero sí en la compra de una camioneta de lujo para su uso personal.
En consecuencia, los vecinos y regidores exigieron que se respete el espacio destinado para las canchas deportivas que pretende construir el ayuntamiento de Puebla, así como que en un espacio del mismo se consolide la edificación de una clínica de salud, pues ambas acciones sí se requieren en la junta auxiliar.
Los congregados en las inmediaciones de la zona arqueológica, afirmaron que realizarán las acciones necesarias que lleven a impedir la construcción de la parroquia y privilegiar otras necesidades de la población.
En primera instancia, después de Semana Santa realizarán una consulta ciudadana para que sean los indígenas quienes decidan las acciones que se deben realizar en la comunidad con apoyo del gobierno municipal y estatal.