El sindico Municipal, Ernesto Bojalil Andrade anunció que el ayuntamiento ganó el litigio a la concesionaria Ingeniería y Tecnología de Oriente (ITO) por la cancelación de la concesión que se firmó desde 2006 en la administración de Enrique Doger Guerrero y que continuó con la de Blanca Alcalá Ruiz por lo que la resolución que le favorece se actuó en total apego a la ley.

Por lo tanto, la comuna ya no tendrá que pagar los 107 millones de pesos que exigía ITO de indemnización por la cancelación del contrato de concesión por aparentes inversiones hechas en las instalaciones del Rastro Municipal.

Al contrario, ahora la autoridad municipal buscará que la ex concesionaria pague al ayuntamiento 46 millones de pesos producto de los ingresos y daños que hizo ITO el tiempo que tuvo en sus manos el funcionamiento del matadero.

Incluso, destacó que si la empresa se declarara en quiebra y por tanto tendría insolvencia económica para pagar esta cantidad, la comuna puede iniciar un proceso de embargo en contra de la empresa de todos sus bienes para recuperar los pagos que se realizaron en el tiempo que tuvo en sus manos la concesión

Al respecto, el abogado del pueblo destacó que el Decimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el procedimiento 435/2012 la cual rechaza de manera definitiva el amparo a favor de Ingeniería y Tecnología de Oriente.

Indicó que el procedimiento deberá seguir para lograr la recuperación de 46 millones de pesos o el embargo de sus bienes para pagar el monto que pelea la administración municipal.

El funcionario municipal recalcó que la fallida concesión que tuvo a su cargo la operación y funcionamiento del Rastro Municipal destacó que en esta administración se procedió a retomar este conflicto que fue heredada desde administraciones anteriores.

Detalló que el 13 de diciembre de 2006 en la administración de Enrique Doger Guerrero se determinó concesionar este servicio; para el 27 de julio de 2007 ITO formalizaron esta concesión a 20 años en la administración de Blanca Alcalá Ruiz.

El síndico municipal aseveró que se otorgó la concesión bajo el argumento de que en los siguientes 12 meses se convertiría el rastro en uno Tipo Inspección Federal, situación que no se cumplió a pesar de que se iban a invertir 64 millones de pesos.

Tras el incumplimiento se inició el procedimiento para terminar la concesión debido a un conflicto que se generó con Blanca Alcalá y se iniciaron los litigios y se comenzaron en 10 junio de 2010 el proceso legal.

Los magistrados condenaron a ITO a pagar 40 millones de pesos para que pagara ingresos, 5 millones por daños y 2 por ciento de los ingresos que se generaron durante el tiempo que tuvo en sus manos al rastro, lo que acumuló 46 millones de pesos por derechos de cobro, por lo que se ampararon y se mantuvo el litigio a partir del 11 de marzo de 2011 hasta esta fecha.

Precisó que 107 millones de pesos fue la denuncia de los representantes de ITO contra Blanca Alcalá por la resolución de los jueces en el caso, por lo que se procedió a la nulidad del conflicto y volvieron a interponer un recurso de inconformidad.