El regidor presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, Arturo Loyola González, solicitará al pleno del cabildo la suspensión temporal de la prohibición del estacionamiento en vía pública en el Centro Histórico hasta que el ayuntamiento busque la forma de no afectar los intereses de trabajadores, ciudadanos y comerciantes que diariamente tienen sus actividades en esta zona de la ciudad.

El perredista aseguró que resulta imposible que un trabajador que percibe un salario bajo pueda pagar 900 pesos para la pensión de un estacionamiento público, por la diferencia de tarifas que de manera abusiva aplican los dueños de estos negocios.

En este sentido, Loyola González destacó la urgencia de conseguir un convenio en el que los propietarios de los estacionamientos realicen descuentos por la ocupación de sus cajones a trabajadores que tienen como destino el Centro Histórico y puedan dejar sus vehículos en un lugar seguro.

El cabildante indicó que en este momento no es factible realizar la liberación de estacionamiento en extrema izquierda en varias calles del primer cuadro de la ciudad, cuando existe un déficit de lugares para el resguardo de los vehículos.

Loyola González destacó que para no afectar los bolsillos de los que permanecen varias horas dentro del primer cuadro de la ciudad se debe obligar a los empresarios a otorgar descuentos preferenciales a quienes comprueben que laboran en el primer cuadro de la ciudad, pues resulta imposible que puedan costear este servicio.

Además, el cabildante del Sol Azteca pidió hacer en primera instancia una revisión jurídica para que a través de un dictamen aprobado en cabildo se puedan volver a regular las tarifas de estacionamiento público, mismas que se dispararon de manera irregular con la liberación de las tarifas.

Al respecto, el cabildante poblano destacó que se tendrán que tomar las medidas necesarias para terminar con la discrecionalidad en las cuotas que se han comenzado a disparar en los estacionamientos.

Indicó que es un atentado a los bolsillos de los ciudadanos que de la noche a la mañana se encuentren que la tarifa subió sin explicación alguna, bajo el argumento de que es por la libre competencia.

Sin embargo, Loyola González destacó que aún cuando se liberó la tarifa en 14 pesos de acuerdo al tipo y servicio del estacionamiento público, es responsabilidad de la autoridad regular que éstos no se incrementen de manera ilegal o que se cometan irregularidades como el no ser techados, no contar con sistemas de seguridad, seguro de vehículos o que no se hagan responsables de los robos.

El regidor perredista aseveró que se suponía que las tarifas variarían si estos eran de primera, segunda o tercera calidad, por lo que los cobros irían de los 10 a los 14 pesos como máximo, pero sin exagerar.

Por lo tanto, afirmó que en sesión de comisiones pondrá en la mesa realizar una nueva revisión de las tarifas para regularlas, pues a partir de la liberación de los cobros hubo un relajamiento en supervisar el servicio.