El síndico municipal de Puebla, Ernesto Bojalil Andrade dejó en manos del Congreso del estado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier procedimiento legal en contra del edil de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa, por desacato.

Jesús Zaldívar Benavides, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado, advirtió que si Huepa Pérez realiza la recaudación de impuestos en la zona de disputa, este puede ser sancionado hasta con una inhabilitación de su cargo.

Al respecto, el abogado aseveró que la disposición del ayuntamiento de Puebla es la de no querer ni confrontarse ni judicializar este problema que ya resolvieron las autoridades correspondientes, por lo que serán estas mismas las que tomen las acciones pertinentes en caso de una violación a la ley.

“Nosotros no queremos confrontarnos, ni judicializar el problema que tiene más de 20 años, por lo que esta administración se mantendrá en una postura de serenidad y de respeto a las leyes para no echarle más leña al fuego.”

Indicó que la única intención del gobierno de Eduardo Rivera es la de resolver este problema de manera definitiva con San Andrés Cholula para evitar más confrontaciones por el territorio o la recaudación de impuestos.

El abogado del pueblo aseguró que la instrucción del presidente municipal de Puebla siempre ha sido la de sentarse a negociar con los representantes del municipio vecino con la finalidad de darle certeza jurídica a los habitantes de la zona que son los únicos afectados.

Bojalil Andrade destacó que lo más importante es resolver todo el problema de servicios municipales, de territorio e impuestos que son la insistencia primordial de las autoridades poblana a favor de los ciudadanos.

Por ello, el síndico municipal dejó en manos de las autoridades correspondientes el proceder en contra del gobierno de san Andrés Cholula en caso de cometer una violación a la ley pese al fallo de la SCJN y de la resolución de los diputados locales sobre las tablas de valores catastrales.

“Nosotros no queremos demandar a nadie, no abona en nada al conflicto, nosotros solamente lo queremos solucionar por la vía pacífica, por lo que hay otras instancias que son las únicas responsables de sancionar.”


Cabe destacar que el delito de desacato se puede castigar con la destitución del puesto, inhabilitación del cargo por dos años, multa de 10 a 100 días de salario e incluso prisión de dos a seis años.