“El gobierno del estado de Puebla aplica una tolerancia increíble a tres rutas del transporte público que violentan el reglamento de transporte del estado de Puebla”, aseguró el presidente de la agrupación Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Balderas Moyano, quien afirmó que ante esa situación presentarán a la autoridad poblana un programa de apoyo para la supervisión del transporte público en la entidad poblana.
El representante de los transportistas poblanos reveló que ya presentaron denuncias formales en contra de tres empresas que violan la reglamentación vigente, pero que además generan competencia desleal: “Se trata de Autotransportes Unión Serrana, Autotransportes Teotihuacanos y la ruta Papalotla-San Marcos, que prestan servicios sin contar con los permisos correspondientes y no cumplen con la normatividad vigente en el estado de Puebla”.
Acompañado de los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y de la Confederación Nacional de Transportistas de la República Mexicana (Conatram), dijo que en el primer caso prestan el servicio de pasaje en la autopista estatal Tlaxco-Tejocotal sin el permiso de Reducida Importancia correspondiente; en el caso del segundo, presta servicio de pasaje en vías de jurisdicción estatal en el municipio de Chignahuapan, sin el permiso de Reducida Importancia correspondiente; y finalmente, la ruta Papalotla-San Marcos presta servicio de pasajes en vías de jurisdicción del estado de Puebla, con placas del estado de Tlaxcala.
Al asegurar que las denuncias fueron presentadas el pasado viernes 4 de abril y el martes 8 del mismo mes, Balderas Moyano aseguró que esas demandas están basadas en el artículo 101 del reglamento del transporte, pero además dijo que exigen la intervención gubernamental porque esas rutas del transporte generan competencia desleal.
“Nosotros damos seguimiento puntual para una respuesta, pero pedimos que sea en el menor tiempo posible”.
Y es que desde su perspectiva, no es posible que le generen competencia desleal a quienes realizan inversiones superiores a los 500 mil pesos para el parque vehicular, mientras que ellos trabajan con cascarones y hasta utilizan a menores de edad para el servicio, porque les representan menos costos, por eso reiteró que además de la intervención del gobierno del estado de Puebla para sancionar la violación de los reglamentos, también piden que intervenga la Procuraduría General de Justica, “porque es un delito de ataque a las vías generales de comunicación”.
Las quejas, agregó Arturo Balderas Moyano, serán presentadas por cada una de las tres organizaciones que realizan la denuncian pública y lo harán cada mes, para que las autoridades de gobierno intervengan y solucionen el problema, que genera serias afectaciones a la economía de los empresarios del ramo, pero además ponen en peligro la vida de los usuarios.
