Ante la problemática social que prevalece por los incrementos a las tarifas del agua, la recomendación es la aplicación a rajatabla del artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal, la cual otorga a la comuna la facultad de fijar las tarifas del agua en el municipio, consideró el regidor priista Iván Galindo.

No obstante, señaló que los integrantes del Cabildo deben aceptar el reto de llevar a cabo un debate público sobre la privatización del agua: “En la Ley Orgánica Municipal no cabe la interpretación, por eso los invito a que podamos debatir con la ley en la mano, para demostrar que el Cabildo tiene la facultad de fijar las tarifas”.

El camino que tomarán, dijo en rueda de prensa, es exhibir la ignorancia y la falta de voluntad de quienes se oponen a la propuesta, pero además dijo que agotarán todas las vías, desde la jurídica hastala política, pero también seguirán con el apoyo ciudadano para los amparos y buscarán llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no se puede lucrar con un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad poblana, como es el agua.

El ayuntamiento tiene que entrarle con tarifas justas, porque de lo contrario, seguirán con la promoción de los amparos, para que los habitantes hagan valer su derecho, porque el agua potable es un derecho humano y no se debe utilizar un recurso maniqueo.

Es por eso que reiteró el reto a los integrantes del Cabildo de la ciudad para que aborden el tema de la privatización del agua potable y las leyes existentes, en un escenario público, que puede ser el zócalo de la ciudad, para que los ciudadanos escuchen los argumentos de cada parte y concluyan de qué lado está la razón.

Sobre el tema, insistió, es importante el contraste de las ideas, para que cada integrante del Cabildo demuestre con los hechos por qué toman la postura que hasta el momento hacen en relación a las facultades del ayuntamiento de la ciudad, sobre el tema de la privatización del agua.

Lo cierto, reiteró Galindo Castillejos, es que las tarifas del agua generan una creciente inconformidad social, porque la totalidad de los habitantes están en contra de la privatización del servicio, sobre todo de los altos costos que tienen que pagar por el vital líquido: “Que es un derecho humano, por eso insistimos en la re-municipalización del servicio”.

Finalmente, dijo que ya lograron la intervención del gobierno municipal en la revisión del trabajo de la empresa Concesiones Integrales, pero ahora van por recuperar las facultades que les brinda el artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal, que ordena, que las designación de las tarifas no es atribución del SOAPAP ni de la empresa: “Queremos que se haga valer el artículo 130 de la Ley Orgánica Municipal, hacer valer ese artículo, para dar mayor certidumbre a los ciudadanos”.