La disputa territorial generada por el municipio de Cuautlancingo por una extensión de cuatro kilómetros, donde se ubican entre 250 y 300 cuentas del predial, quedará solventada a favor de Puebla antes de que finalice la administración de Luis Banck Serrato.

El secretario General del Ayuntamiento, Juan Carlos Morales Páez detalló que las autoridades de Cuautlancingo se basan en escrituras de terrenos realizados en el pasado. En contraste, la alcaldía poblana del análisis de dos decretos, el primero correspondiente a 1962 y el segundo signado por el expresidente Porfirio Díaz Mori.

“Yo creo que el tema con Cuautlancingo, es más sencillo y,  sí se resolverá antes de concluir la administración, debido a que se debe acatar al decreto de 1962 del expresidente Adolfo López Mateos  para definir el instrumento jurídico”.

Durante la última comparecencia, Morales Páez reveló que la repartición legal del territorio será abordado por el “instrumento legal” que determine la LIX legislatura a través del análisis respectivos de dos decretos  1962 y del signado por Porfirio Díaz.

Ante los cuestionamientos de la regidora Silvia Argüello de Julián, el secretario General del Ayuntamiento, ponderó que con Cuautlancingo “tenemos” un tema pendiente en el Congreso, es un tema más sencillo por el decreto de 1962 que las autoridades de Cuautlancingo no quieren reconocer por eso la alcaldía desarrolla una consulta para que el Congreso determine.

“Una vez que se cuente con el instrumento técnico se delimitará el límite territorial colocando las mojoneras correspondientes para evitar problemas a futuro”.

Precisó que no está en disputa ninguna junta auxiliar o colonias porque se trata de una zona establecida por segmentos que extrañamente corresponde a la parte de Zavaleta.

Se mantiene proceso con San Pablo del Monte; revela robo de tuberías

Al referirse al caso con San Pablo del Monte, Tlaxcala, destacó que si de buena forma  se han dado ciertos avances como el acordar que no se pueden dejar de prestar los servicios públicos, además de proporcionar la seguridad y los operativos de protección civil, el proceso tendrá que ser concluirlo por la administración que suceda a la de Luis Banck Serrato.

El plano en el que se establece la delimitación entre ambos municipios es de 1899, pero este establece una referencia física y detalla que la división se originaba donde se encontraba una ermita y mojoneras, pero ya no localizan por ello la alcaldía poblana ha contratado a arqueólogos para que las encuentran.

Además la alcaldía conforma una carpeta muy puntual jurídicamente en caso de que no se pueda concretar el tema para cualquier proceso legal que se quiera emprender con el ayuntamiento de San Pablo del Monte para la delimitación del territorio.

Detalló que aunque las mesas de trabajo de la definición de límites territoriales están paradas desde el 26 de diciembre de 2017, lo cierto es que los contactos se mantienen entre ambas autoridades.

Juan Carlos Morales denunció que cuatro pobladores que no son funcionarios del municipio tlaxcalteca robaron tuberías de la alcaldía, los tubos irían conectadas a un pozo para dar suministro de agua a colonos de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

“Con Tlaxcala se nos ha complicado por el robo de tubería que sucedió el 24 y 26 de diciembre. Cuatro personas que están totalmente identificadas fueron y sacaron una tubería de agua que se pagó con recursos federales; se ha complicado el tema con ellos por esta acción, por supuesto está la demanda puesta para que se reponga la tubería, no fue una acción del ayuntamiento de San Pablo del Monte pero nos ha retrasado los trabajos”.

Destacó que la autoridad poblana cuenta con video y fotos de los ladrones, “todo lo tenemos documentado, hasta las placas de la unidad en la que cometieron el hurto” para proceder jurídicamente.

Reiteró que trabajan en un plano de 1989 y la complejidad del tema se localiza en que el documento tiene  zonas establecidas como fincas o ermitas que dejaron de existir. 

El municipio San Pablo del Monte propuso el 29 de octubre  un acuerdo para dar fin al conflicto limítrofe que consiste en quedarse con 17 de las 30 hectáreas en disputa en las que se localizan parte de la Central de Abasto, Villa Frontera, Camino a Tlaltepango, el estadio Cuauhtémoc  y hasta una parte de Cuautlancingo.