La auditoría desplegada a la gestión de Beatriz Martínez Carreño al seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad mantiene un dinamismo continuo, llegará hasta las últimas consecuencias, advirtió el Contralor, José María Sánchez Carmona, al valorar que el proceso se mantiene en el parámetro del 20 de julio de 2017 al 31 de agosto de este virulento 2020. 

Pero aclaró que la diligencia del proceso y las reglas legales impiden compartir información sobre los aspectos negativos encontrados hasta el momento. 

Durante su comparecencia priorizó que su dependencia "no se tienta el corazón" al momento de trabajar en respuesta a las protestas de los regidores. 

Explicó que la Contraloría no tiene la facultad legal para transformarse en una fiscalizadora del uso de los recursos en tiempo como la Auditoría Superior del Estado (ASE) que en estos momentos sí está auditando al Ayuntamiento y a la dependencia a donde laboró Martínez Carreño. 

Ejemplificó que en la auditoría se integran varios puntos como alineamiento de número oficial, factibilidad de uso de suelo, dictamen de integración vial, dictamen de rectificación de medidas, además de colindancia de predios con afectaciones por vialidades y los puntos aportados por los denunciantes. 

La factibilidad para servicios públicos, dictamen vial por obra en vía pública, los estudios de impacto vial, licencia de uso de suelo, licencia de uso de suelo específico, y la liberación de los permiso para aclaraciones urbanísticas, son puntos básicos en las pesquisas. 

Pero tampoco puede omitir las licencias para la urbanización, licencias para obra mayor y menor, de construcción específica, prórroga de vigencia, cambio de proyecto, plan de residuos y licencia de permiso de anuncios

Puras investigaciones 

Bajo ese panorama, valoró que la subcontraloría de obra permanentemente ejecuta auditorías contables y financieras a los capítulo 2 mil, 3 mil y 4 mil.

Destacó que la dependencia a su cargo tiene igualmente una auditoría abierta a la secretaría de Movilidad por los capítulos 2 mil, 3 mil, que tienen que ver con los servicios generales, del 1 de julio 2019 al 31 de enero de 2020.

Además, existen auditorías a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Pero por posible nepotismo están involucrados los procesos de Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, los institutos Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Municipal de la Juventud y el Municipal del Deporte. 

Ante ese horizonte, acentuó que existe un proceso en contra de anteriores administraciones, bajo el expediente G269-2019 desde el 19 de septiembre del año previo.

“Sí tenemos en casa identificado unas actividades y unas auditorías abiertas desde la cuenta pública 2015 por el rubro recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Al día de hoy damos seguimiento a la auditoría porque no se han terminado de solventar cuatro observaciones”.

Reveló que restan por solventar, la baja por conclusión con previa a la emisión. 

“Tenemos identificada esta línea de trabajo, adicional que existe con respecto a empresas que están boletinadas por la autoridad de tributación; sí lo tenemos en el radar y estamos investigando pero en el debido proceso estamos generando las evidencia para llegar hasta las últimas consecuencias”.

Dijo que la Contraloría no es parte activa de la entrega-recepción de la administración saliente y entrante. Pero se implementaron acciones para que las dependencias y entidades remitan observaciones detectadas en la entrega-recepción.

“Se continúan realizando las gestiones para recabar datos e indicios que permitan reforzar y demostrar la presunta comisión de faltas administrativas o incumplimiento de las funciones desapegadas por parte de los servidores públicos de la administración pasada, aperturando un expediente de investigación con número G269-2019 con fecha de 19 de septiembre de 2019.