Hasta este miércoles 29 de junio, la Contraloría no ha sancionado al alcalde Eduardo Rivera Pérez pese a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violar la veda electoral en el proceso de revocación de mandato.
Además la responsable de la dependencia, Alejandra Escandón Torres, advirtió que la administración municipal ha dado de baja a dos trabajadores del Ayuntamiento de seis casos de acoso sexual y laboral.
Dijo que únicamente tiene una resolución turnada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Subrayó que al seno de su oficina tiene un recurso en la misma sala contra otra sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en la que se acreditó violación a la veda electoral, pero el árbitro electoral no ha resuelto.
Pero aclaró que si se presenta una sanción en contra de Rivera Pérez se fundamentará en los artículos 77 y 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Entre los castigos, dijo, se encuentra una amonestación pública o privada, sanción económica, además de la inhabilitación, suspensión o destitución, pero dependerá de la gravedad de la falta de acuerdo a la resolución del TEPJF.
Aclaró que no existe una fecha fatal para concluir el proceso porque la ley no indica, pero continúa analizando todos los elementos que turnó el árbitro electoral.
Inhabilitaciones
Escandón Torres dijo que de ese grupo de implicados, tres se encuentran en desarrollo de investigación y uno más ya fue turnado al Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación para conocer la resolución en un periodo razonable.
Sin revelar en cuál dependencia y dirección ocurren estos procesos, refrendó que no se puede revelar por cuestiones técnicas, pero sí se llegará hasta las últimas consecuencias.
"Nosotros estamos atendiendo casos, de ellos, dos trabajadores ya fueron suspendidos, otros más están en investigación y uno más canalizado al comité de igualdad laboral y no discriminación".
Reiteró que todavía se encuentran abiertos los dos procesos de los servidores públicos que fueron despedidos del cargo hasta no definir la sanción administrativa correspondiente.
“Algunos procesos aún se encuentran abiertos y por tal situación, de acuerdo al artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debemos de guardar secrecía y confidencialidad en la información”.
Refrendó que es todo un proceso y apenas suman 45 comparecencias de personas servidoras públicas entrantes y salientes.
Explicó que dos personas señaladas por dados casos ya no trabajan en el gobierno municipal, mientras que tres se ubican en etapa de investigación y uno más fue turnado al Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación.
