Con una argucia legal, Morena busca concretar su llamado “Plan C”, que es quedarse con dos terceras partes de los legisladores en la Cámara de Diputados, para hacer las reformas constitucionales que AMLO desea, sin tener que depender de la oposición.

La idea es simple y compleja. El partido guinda trata de torcer la ley y darle una interpretación errada a la Constitución.

La Carta Magna en su artículo 54, inciso V, señala que: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

En números redondos, la 4T habría alcanzado una votación -en las diputaciones federales- del 53 por ciento, es decir, que su máximo sería contar con una representación del 61 por ciento en San Lázaro.

Dicha cifra es menor que el 66.66 por ciento que requiere AMLO para alcanzar el número mágico de los 334 diputados en la Cámara Baja y con ello aplicar su “Plan C”.

Entonces lo que Morena peleará es que se separe la coalición de la 4T y que se aplique la norma a cada uno de los partidos que integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, sin reconocer, que ya existe jurisprudencia que señala que el criterio se debe aplicar -en las coaliciones- como si se tratara de un solo ente.

Antes que estar quemando pólvora en infiernitos que no los van a llevar a buen puerto, los representantes del Frente Amplio deberían centrarse en este tema de la sobrerrepresentación, para salvar la única nave que les queda, es decir, no entregarle las dos terceras partes a la futura presidenta.

Evitar que Morena y sus partidos aliados alcancen la manoseada Mayoría Calificada sería la única manera de frenar los cambios constitucionales con los cuales amagó Andrés Manuel, el pasado 5 de febrero.

Desde ahora le adelanto que en el cuarto de guerra de Morena ya tienen claro que la lucha de esta interpretación terminará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ahí la urgencia para que la oposición dirija sus esfuerzos en atender el tema jurídico, que podría ser la única barrera a las reformas constitucionales que anhela el inquilino de Palacio Nacional e incluso a las futuras iniciativas que presente Claudia Sheinbaum, ya en su calidad de presidenta de la República.

¿La oposición ajustará el rumbo de su batalla?

Veremos y diremos.