El representante del Movimiento Magisterial Poblano, Miguel Guerra Castillo, y el representante de la CNTE en Puebla, Jorge Cabrera, advirtieron que la reinstalación de los 11 profesores que fueron cesados por no aplicar la prueba ENLACE tiene que darse sin condiciones, ya que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha condicionado el retorno al trabajo para que desistan de cobrar salarios caídos para ser reubicados.

En rueda de prensa, los integrantes del magisterio cuestionaron la actitud del gobierno de Rafael Moreno Valle, quien incumplió con el acuerdo de recibir a una comisión de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado lunes, a pesar de que formaba parte de los acuerdos que se tuvieron a nivel federal.

Indicaron que Rubén Núñez Gines, quien, además de ser secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y referente de la dirección nacional de la Coordinadora de la Educación, el lunes, por espacio de dos horas, estuvo esperando ser recibido en Casa Aguayo pese a que quien agendó la cita fue el subsecretario de Gobernación federal, Luis Miranda Nava.

Miguel Guerra Castillo consideró que es grotesco el comportamiento del gobernador, quien se niega a aceptar los acuerdos que se dieron a  nivel nacional y que incluye el caso de Puebla para la reinstalación de los profesores.

Recordó que hace año siete meses fueron cesados 41 profesores, quienes, a petición de los padres de familia, no aplicaron la prueba enlace, siendo un acto represivo sin justificación el despido fulminante. Explicó que continúan 11 profesores sin aceptar las condiciones, además de que la llamada prueba ENLACE fue eliminada porque no servía para el desarrollo de la educación.

Precisó que hay hostigamiento en contra de quienes mantienen el movimiento, además de que los están condicionando a que se jubilen, sean cambiados de adscripción o desistan de cobrar los salarios caídos.

Jorge Cabrera indicó que el pasado lunes, además de Núñez Gines, estaban representantes de la dirigencia nacional de la Coordinadora, provenientes de Guerrero y Michoacán, que participarían en las negociaciones conforme al acuerdo que se tuvo a nivel nacional.

Puntualizó que las demandas de reinstalación que se establecieron en la mesa nacional son el respeto a la adscripción, antigüedad, pago de salarios caídos y expedientes limpios. Dijo que el 7 de febrero habrá una nueva plática y se espera que se cumpla con lo que se ofreció, de lo contrario habrá la presión ciudadana.

Marcharán el viernes

Por su parte, representantes del Frente Amplio Social que organizaron la rueda de prensa anunciaron una movilización para el próximo viernes 31 de enero, en contra de las reformas que ha aplicado el Gobierno Federal.

Ricardo Jiménez Ávila advirtió que se sigue sumiendo al estado en la pobreza extrema y ahora el gobierno estatal se ha convertido en cómplice del “coyotaje” internacional, ya que gestiona contratos ventajosos para las empresas trasnacionales.

Dijo que un ejemplo es el de Jumex, donde los productores de la Sierra van a vender sus productos al precio que fije la trasnacional. Indicó que la política hacia el campo ha sido equivocada por parte de las autoridades estatales y con las reformas que se aplican a nivel federal no queda otra salida a los ciudadanos más que la movilización.