Al anunciar el foro “La ley Bala, un recuento de los daños”, el responsable del programa universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Gerardo Martínez Águila, afirmó que el tema de los derechos humanos es una preocupación nacional cuya problemática “ahorita sucedió en Puebla, pero hay repercusiones a nivel nacional, hay que ver qué derechos se violentan y de qué manera la población puede ampararse o preocuparse para ver el impacto que puede tener una ley como la poblana, la llamada ley Bala, hay una preocupación a nivel federal porque no solamente es acá, es Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guadalajara, DF y Puebla, que son ahorita los estados que han tenido problemas, por ejemplo, Quintana Roo y Guadalajara ya publicaron leyes, pero algunos las han enlatado, otros están con propuestas de iniciativa”.
Ante eso, reveló que no hay que olvidar el papel que tiene el Congreso del estado en ese rubro, porque las iniciativas las manda el gobernador pero las aprueba el Poder Legislativo: “No se trata de opinar a favor o en contra, es una postura de respeto en el marco de los derechos humanos, si existe, no tendríamos que vivir cuestiones como las que vivimos (en Chalchihuapan), no es si está bien o mal, sino hablar de acceso a la justicia, de la verdad, de la búsqueda de responsables y hay instancias que se encargan de este proceso”.
La observación
En entrevista con Intolerancia Diario, el responsable del programa universitario de Derechos Humanos de la Ibero Puebla reiteró que será este 14 de agosto cuando expertos de todo el país dialoguen en el foro: “Pensar, decir y manifestarse: los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones”: “La ciudadanía debe tener mayor relación con sus diputados para ver qué leyes están aprobando y recordar que los legisladores representana los ciudadanos, que las leyes que se aprueben sean en el marco de respetar los derechos de la ciudadanía”.
Los ciudadanos, dijo Gerardo Martínez Águila, perciben cuáles serán los mecanismos en los cuales la sociedad se debe amparar para protestar socialmente: “De entrada, hay dos amparos que ya fueron aceptados por el juez de distrito, porque dice que esta ley, la ley Bala, limita ciertos derecho, pero ocurre que ese tipo de leyes son muy ambiguas y con eso se deja los hechos, a la interpretación y la arbitrariedad de las propias autoridades”.
Afirmó que esa ley deja mucho a la interpretación de quien lleva a cabo el operativo, a la arbitrariedad: “Eso sí es muy delicado, es grave ser ambiguo, porque al no haber claridad en los procesos que implica a quien toma decisiones, no hay protocolos de actuación, no hay mecanismos de seguridad y, al final de cuentas, quien opera, que los policías encargados de aplicar los mecanismos o las decisiones de los operadores de justicia también tienen que pensar en qué dinámica están, eso es bien importante y no se debe olvidar”.
DH involucra a todas las personas
Así pues, dijo que los derechos humanos involucran a todas las personas, para lo que existen mecanismos nacionales e internacionales: “Porque está el tema de la dignidad, el tema del uso de la fuerza pública, el tema de los protocolos de actuación de parte de los policías, algo que es interesan es que en el marco en que se da la aprobación de la ley Bala, se aprueba en Puebla la ley del Protocolo de Estambul, que es sobre tortura, tratos humanos degradantes, que aunque todavía no entra en vigor porque tiene que aplicarse hasta 80 días después, es bien interesante porque habría que preguntarnos cómo le va a hacer la autoridad con los tratos indignos y degradantes, porque ahí hay una obligación por parte del Estado, ver qué pasa con las personas que son detenidas de manera arbitraria en un acto de protesta”.
Lo que buscan desde el programa universitario de Derechos Humanos, dijo Martínez Águila, es intentar monitorear las acciones a partir de la entraba en vigor de la ley, aunque ya hay instancias que monitorean las acciones del gobierno del Estado sobre los hechos, piensan que con el discurso se debe tener claridad de los derechos humanos, que busca la dignidad de las personas, pero una ley con esas repercusiones, te preguntas de qué derechos humanos estamos hablando.
La responsabilidad del Estado
En un acercamiento sencillo a las responsabilidades de cada parte, Gerardo Martínez Águila afirmó que el Estado debe tener la responsabilidad de lo que pasa en la población, porque es el garante de su seguridad y los derechos humanos que reconoce el Estado “nos lleva a la dignidad, a la conciencia, al respeto de la vida y si el Estado a través de sus poderes influye en lo que sucede, hay un vínculo con la población”.
Repercusiones de la ley Bala
De tal forma que desde el pasado 9 de julio al día de hoy, en el tema de los derechos humanos, con el foro esperan llegar a conclusiones sobre repercusiones de la “ley Bala”: “Vienen especialistas nacionales preocupados por esas leyes que, de cierta manera, están restringiendo el derecho a la protesta social; hay una preocupación real sobre qué mecanismos tienen que generarlas para que aquellas personas que se sientan violentadas en algún derecho se deban expresar y no vivan contextos tan complejos a partir de las decisiones del Estado”.
Situaciones iguales a Chalchihuapan
Al reconocer que en el país en otros momentos se vivieron situaciones similares a Chalchihuapan, dijo que con la ley lo que quiere decir es que cualquier acción que emprendes es el marco de los derechos humanos es un tema que deben tener claro, porque dicen que están apegados a la ley, entonces la pregunta es por qué tenemos esos resultados, por qué hay población herida, por qué existen declaraciones de parte de los órganos del Estado, en relación con lo que está sucediendo; eso quiere decir que el propio Estado no se pone de acuerdo en relación con las acciones que está trabajando, tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal, a Gobernación, están los diferentes poderes involucrados.
