A 26 años de su asesinato, integrantes de organizaciones sociales como el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) recordaron a Gumaro Amaro Ramírez, quien fuera dirigente de la Unión de Amas de Casa. Integrantes de organizaciones sociales como el FNLS le rindieron un homenaje posmortem al activista en el parque ubicado en San Manuel, entre río Yaqui y río Lerma, a una calle de la prepa Benito Juárez de la UAP.

Los integrantes del FNLS leyeron un comunicado en el que resaltan que el asesinato de Amaro fue perpetrado por el Estado para frenar el movimiento social en la década de los ochenta. Además, el FNLS señaló que el Estado mexicano busca “generar miedo, pánico y terror en la población para evitar que consolide procesos organizativos que cambien radicalmente las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales por las que atraviesa el país”.

En el documento leído se destaca: “Hoy, 17 de febrero, de hace 26 años, Mariano Piña Olaya, gobernador del Estado de Puebla en 1989, mandó asesinar a nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez a las afueras de su hogar. Con su ejecución el Estado mexicano generó las condiciones que le permitieron asestar un golpe al desarrollo organizativo en Puebla, puesto que con esto le apostaba a desmovilizar a la unión de amas de Ccasa organización que aglutinaba a más de veinticinco mil colonos, principalmente mujeres, asentados en los cinturones de miseria de la ciudad, así como a debilitar el movimiento estudiantil-popular al interior de la Universidad Autónoma de Puebla, ya que la Unión Por la Organización de los Estudiantes constituía la columna vertebral de este al interior de la Universidad y daba vida al proyecto de Casas de Estudiantes en el estado, situación que concluiría ese mismo año con el golpe de estado al último rector democrático, el Mtro. Samuel Malpica Uribe, asesinado en 2013”.

El FNLS señaló: “Las repercusiones no sólo fueron de carácter político-social hacia el movimiento estudiantil-popular, también la embestida represiva se extendió hacia la familia. En 1992 nuestra compañera María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de Gumaro Amaro, es hostigada e intimidada para obligarla a firmar su renuncia como trabajadora de la UAP en la Preparatoria Benito Juárez, plaza laboral que por legítimo derecho le correspondía. Esta renuncia obligada se da al interior de la Universidad de manera paralela con una ola de represión y despidos masivos de todos aquellos que por su concepción ideológica y política seguían manteniendo una posición crítica frente a la institución”.

El caso del asesinato de Amaro Ramírez se trató de un asesinato extrajudicial, planteó el FNLS: “Los asesinatos extrajudiciales como el de nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez son tipificados a nivel internacional como crímenes que laceran gravemente a la humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado mexicano, y en particulares que por omisión, comisión o aquiescencia del mismo Estado cometen estos actos inhumanos. Además es una evidencia de la práctica sistemática de violencia que el Estado mexicano ejerce en contra del pueblo; a través de las ejecuciones, las desapariciones forzadas y tortura o la imposición de reformas neoliberales que atentan los derechos de la clase trabajadora, pretendiendo debilitar al movimiento popular.

”Hace 26 años se perpetuó un crimen que nos remonta al momento que estamos viviendo, recordemos la detención-desaparición y posterior ejecución de nuestro compañero el luchador social M.C. Fermín Mariano Matías en el estado de Puebla en 2009, así como la desaparición forzada de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos: Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya; Francisco Paredes Ruíz, Teódulfo Torres Soriano, Daniela y Virginia Ortiz, que forman parte de los más de cien mil desaparecidos por motivos políticos y sociales y los más cien mil ejecutados en lo que va del 2006 a la fecha tanto de la administración calderonista como la actual encabezada por Enrique Peña Nieto”.

El FNLS expuso que la política del Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa (Guerrero). “En este contexto tenemos un Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, el asesinato de más de 20 personas en el Estado de México”.