En un contexto de impunidad, discriminación y desigualdad, la violencia contra las mujeres resulta una violación sistemática y estructural de los derechos humanos de éstas. Dentro del amplio espectro de manifestaciones de violencia, los feminicidios suponen la máxima expresión de odio contra las mujeres, pues representan la consumación de toda una estructura de dominación patriarcal.
 
Para dar cuenta del contexto poblano en este rubro, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), presentó su Informe de probables feminicidios durante el año 2019.
 
Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, indicó que el compilado pretende recuperar el trabajo de monitoreo, análisis y sistematización del OVSG y ofrecerlo como una herramienta para las autoridades, medios de comunicación y sociedad civil en la tarea de construcción de políticas públicas que garanticen la integridad de las mujeres.
 
De igual manera, Francisco Valverde Díaz de León, director general del Medio Universitario, aseguró que la IBERO Puebla ha convertido la preocupación por la violencia de género en un espacio que busca sumarse a una cultura de paz con justicia. “El odio, la misoginia y las desigualdades de género constituyen elementos que permiten la naturalización de la violencia contra las mujeres”.


Cifras contextualizadas

 

Durante la exposición de los hallazgos, Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del OVSG, explicó que el uso del concepto “probable feminicidio” se debe a que sólo la Fiscalía tiene la facultad de calificar un feminicidio como tal. Por ello, el diagnóstico se basa tanto en la normativa estatal como en el Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
 
El informe revela que, en 2019, se cometieron 79 probables feminicidios en Puebla; de estos, 26 se catalogaron de tipo íntimo con el siguiente desglose: 83% fueron cometidos por la pareja sentimental, el 11% por una expareja y el 6% por un pretendiente o acosador de la víctima. Casi cuatro de cada diez mujeres víctimas de algún probable feminicidio conocían a su agresor.
 
En Puebla, el artículo 338 del Código Penal estatal establece que: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. La normativa describe nueve razones o escenarios para tipificar un asesinato como feminicidio.

Puebla (22), Huachinango (4), Atlixco (3) y Tepeaca (3) son los municipios en los que más veces fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. La centralización de las capitales, explicó Gamboa Muñoz, contribuye a la cobertura periodística y feminización de la pobreza.
 
De los 79 posibles feminicidios, en 55 casos se registró que el cuerpo de la víctima fue hallado en un lugar público. Además, en 32 casos (40%) las principales lesiones de las víctimas se ubicaron en zonas vitales como cabeza, cuello, corazón y abdomen. Esto representa contundentes mensajes de dominación, odio y vulnerabilidad para todas las mujeres.
 
La presencia de violencia sexual fue referida por notas periodísticas en 12 casos, en los cuales se menciona explícitamente que las víctimas sufrieron este tipo de violencia (15%), mientras que en 52 se desconoce la existencia o no de estos actos. A su vez, en 21 casos se cometieron delitos en contra de la libertad personal de las víctimas previo a que se les asesinara.
 
Finalmente, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género compartió que se desconoce el nombre de 23 de las víctimas (29%). El promedio de edad de las víctimas fue de 32 años. La víctima con menor edad tenía 14 años; la de mayor edad, 69 años.
 
El Informe de probables feminicidios cierra con un extenso apartado de conclusiones y recomendaciones. Entre ellas, Gamboa Muñoz destacó la necesidad urgente de que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres, erradicar la discriminación y todo tipo de violencia en contra de las mujeres, y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.


Reacciones


Desde hace años, los grupos feministas de Puebla se han enfrentado a la violencia feminicida. La tipificación de este delito fue un proceso arduo a nivel político, jurídico y social. “Muchos argumentos en contra se han desvanecido gracias al esfuerzo articulado entre el activismo, la sociedad civil y las academias”, compartió Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Incidencia Social, A.C. (CAFIS).
 
Para la activista, el trabajo del OVSG recuerda la importancia de mantener la exigencia al Estado de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, señaló la falta de voluntad política e institucional para la comprensión y acción contundente ante esta problemática, lo cual se ve especialmente reflejado en el subregistro de casos de feminicidio.
 
Se refirió a la identificación de las víctimas como un elemento fundamental para dar seguimiento a las investigaciones, específicamente para la sanción a los abusadores. Detrás de cada caso, cerró, hay proyectos inconclusos, familias destrozadas, menores huérfanos y sociedades insensibilizadas.
 
Por su parte, Mely Arellano Ayala, codirectora del portal Lado B, denunció los múltiples vicios que caracterizan a los medios de comunicación al abordar temas referentes a la violencia de género. A su vez, expuso que muchos de ellos atienden a los intereses gubernamentales por encima de las responsabilidades deontológicas con la excusa de la acción bajo el marco de la ley.
 
De acuerdo con un diagnóstico del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación de 2019, el 16% de las imágenes de las notas informativas son de carácter explícito y el 49% de las notas contienen detalles innecesarios. Como periodista, refrendó su compromiso de denunciar las prácticas erradas de sus pares. “Somos una sociedad feminicida, con un Estado feminicida y con medios feminicidas. Esto tiene que parar ya”, cerró.