"La parálisis que existe en la SEP poblana, para que los supervisores escolares tengan ya la carpeta de escuelas que les corresponde vigilar, mantiene un retraso en las titulaciones hasta el 2022".
"Además, también obligará a los jóvenes que están en trámite de titulación a pagar más por ese trámite, debido a los ajusten anuales que se aplican en la tramitación de documentos, en este caso, títulos y cédulas profesionales", señaló el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo.
Lo anterior, implica que hay una parálisis en cuanto a los trámites para llevar a cabo los exámenes profesionales y la validación de documentos de los estudiantes que ya están en la última parte de su proceso de titulación.
Lo anterior, recalcó, retrasará en gran medida los exámenes, porque normalmente la SEP da un plazo de 20 días hábiles previos a la celebración de los exámenes para poder validar la fecha y que los supervisores estén presentes en las evaluaciones.
El problema, es que ya es noviembre, viene diciembre y fin de año, lo que podrá implicar que todos estos procedimientos se llevaran a cabo hasta el 2022 y también en el próximo año hay un incremento en el pago de derechos que la propia SEP cobra por estos trámites.
Molina Carillo señaló que el aumento en los costos impactará a las universidades para pagar estos derechos, “porque nosotros buscaríamos que no afectaran a los estudiantes, que no tienen ninguna culpa, pero habrá retraso importante en varios de los trámites”.
“Insistimos en que la SEP, a través de la subsecretaria de educación superior, designe ya a los supervisores en cada institución en la que se harán cargo”.
Otro tema que traerá, dijo Molina Carrillo, será la presión de los estudiantes que acuden a los planteles a ver cuando harán su procedimiento de titulación y que está detenido por este retraso y no se le da celeridad.
Germán Molina señaló que tienen información los supervisores y estos ya tienen asignada su zona escolar; sin embargo, el problema es que no existe todavía la asignación de qué universidades tienen que atender para los trámites escolares.
"Los problemas que origina la falta de supervisores de educación superior empieza a cobrar facturas sociales, porque existe un marcado retraso en varios trámites que las universidades particulares no pueden efectuar porque no hay autoridades educativas que les faciliten su trabajo de administración escolar y académica".
El integrante de la AUIEMSS, dijo, el problema que se presenta en este momento para los estudiantes del último año y egresados de las universidades, es que no podrán solicitar empleos en áreas en que les exigen el título.
Además, destacó, es que los trámites de expedición de certificados de estudios profesionales, actas de examen profesional y la validación para la presentación de estos exámenes, está a cargo de los supervisores escolares, que no tienen asignadas universidades a supervisar.
“Otro problema será que llegarán los supervisores, tienen que conocer las instituciones, revisar la documentación, y muchos de ellos no tienen ni oficinas, lo que detendrá más el trámite”.
Y aunque hemos frenado las quejas de los estudiantes y los reclamos de los padres de familia, no depende de las universidades esta situación, sino de la Secretaría de Educación Pública”.
