"Ninguno de los 16 penales que existen en el Estado de Puebla, se encuentra en los rangos de aprobatorios en las evaluaciones federales y estatales que se llevan a cabo anualmente", aseguró Juliana Vivar Vera, profesora de planta del departamento de Derecho del Tec de Monterrey campus Puebla.

“No tenemos ningún penal en calificaciones en el rango de 8 a 10”.

Por otro lado, reveló que Puebla tiene 6 penales con calificación reprobatoria, “de calificaciones que van de cero a 5.9 tenemos 6 penales en esta dirección”.

La académica alertó que esas cáceles poblanas se encuentran en descenso en las evaluaciones, pero, además, señaló que es urgente trabajar con aquellas que tienen calificaciones reprobatorias.

La mayoría de los penales poblanos, se encuentran en el color amarillo, de 6 a 6.9, “pero ninguno en siete, entonces estamos del rango medio hacia abajo".

Los anterior, con base a las mediciones que llevan a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Lo que se encuentra en esos centros de reclusión, son celdas en condiciones de hacinamiento, dormitorios insalubres, colchones sucios y viejos, además de las áreas insalubres".

Incluso, señaló que el rubro de la alimentación, también resulta inadecuada y con observaciones de parte de las comisiones evaluadoras de esos espacios carcelarios.

"Lo que se puede observar con esos resultados, es que, para los centros penitenciarios, existen pocos recursos o no son utilizados de manera adecuada".

La académica del Tec de Monterrey añadió que al interior, prevalece el hacinamiento, la mala atención, la sobrepoblación y el hecho que los internos no se desarrollan en condiciones de dignidad.

“La sobrepoblación que tenemos en las cárceles ocasiona que no se tengan las condiciones que debe tener la persona privada de su libertad”, situación que está así por años.

La especialista destacó que el sistema penitenciario en Puebla, es un área olvidada y mal atendida, reconoció, “tener en cuenta, que son privadas de su libertad, por la sospecha de cometer un delito o si hay responsabilidad bajo una sentencia”.

La percepción que dejan en la sociedad las personas que están en prisión, tienen que ver con una visión excluyente, porque supone poca atención de las autoridades, porque poco importan para la sociedad.

Dijo que cuando salen del reclusorio, quedan estigmatizadas por la misma sociedad y el Estado pone poca atención en regular su condición al salir de prisión.

Hay una ley de responsabilidad penal, dentro del grupo de reformas del 2008 en la estructura de justicia penal, que se puso en marcha para dar atención de dignidad a las personas privadas de su libertad.

Lo que permea es que las autoridades permanecen al margen de coadyuvar con el bienestar de los internos, por la dinámica de la corrupción que existe al interior de los centros de reclusión.