La descomposición social tras el multihomicidio en Atlixco, es reflejo de la ausencia de intervención de las autoridades y una falta de argumentos en políticas públicas para prevenir el delito y atacar a la delincuencia de manera frontal. Así lo declaró el analista económico, Julio Santos Lozano, quien agregó, “el gobierno perdió el monopolio legítimo de la fuerza".

Aclaró que, la seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Por eso, dijo, el gobernador tuvo que salir a corregirles la nota y dar la cara, aunque tiene una responsabilidad como titular del poder ejecutivo estatal.

Insistió, en que, los presidentes municipales tienen que asumir su responsabilidad y que la seguridad pública no está funcionando, no está operando.

El litigante aseguró, “el problema es que la gente se siente totalmente insegura y un principio de la libertad es sentirte totalmente seguro, si no te sientes seguro no eres libre”.

“Vemos con toda diligencia que el Fiscal ya informó cómo se hicieron las pesquisas, los cateos, ya operaron y fue muy rápido, por qué los presidentes municipales no actúan así, para prevenir el delito”.

Recordó que, la función del Estado es la prevención del delito, brindar seguridad pública eficaz y eficiente a los ciudadanos, “hay una teoría del Estado de Thomas Hobbes dice que el Estado no puede perder el monopolio de la fuerza legitima”.

Sin embargo, dijo, lo que vemos es que el Estado ya perdió ese monopolio de la fuerza legítima, por eso, "nos enfrentamos a la teoría del Estado fallido", realmente estamos llegando a ese Estado, en una ausencia total de protección a la ciudadanía por parte de las autoridades.

Lo anterior, dijo Santos Lozano, significa claudicar de la responsabilidad del Estado ante la sociedad, “esa teoría no ha perdido vigencia”, porque la delincuencia está mejor armada, pareciera mejor preparada que los policías.

El caso, aclaró, es que le exigimos mucho a los policías, pero tampoco están preparados y aunque hablamos de corrupción, pero lo cierto, es que el Estado no cubre esas necesidades.

Dentro de las propuestas de solución, aseveró el analista jurídico, para que se termine la corrupción hay que pagarles bien a los policías, darles seguros de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Y es que, aseveró, no se pueden exponer ante unos personajes que están diseñados para ver y matar, ante lo que, el Estado está claudicando en este tipo de funciones, sin políticas públicas para prevenir e inhibir el delito.

Lo lamentable, señaló Julio Santos, es que las autoridades brillan por su ausencia en casos en que deben intervenir para dar seguimiento a hechos que involucran asesinatos.