A un año de que la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley Olimpia, que establece sanciones de hasta seis años para quienes difundan imágenes de contenido íntimo y sexual sin consentimiento, todavía existen pendientes en la materia.
Así lo reveló Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla, quien señaló que todavía falta homologar esa reforma legislativa, es decir, incluirla en los códigos penales de algunas entidades federativas.
Del total de casos, 241 casos corresponden a la capital poblana, es decir, el 83.3 por ciento, lo que convierte a la Angelópolis en el mayor bastión de violencia digital contra las mujeres en el estado.
Le siguen los municipios de San Andrés Cholula y Tehuacán, con 4 y 3 carpetas de investigación, respectivamente, mientras que San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Ciudad Serdán y Amozoc, concentran dos denuncias cada uno.
En cuanto al rango de edad de las mujeres que padecen más violencia digital en Puebla, señaló que aquellas que tienen entre 11 y 52 años.
Sin embargo, destacó que algunas organizaciones no gubernamentales indican que las mujeres adolescentes y aquellas que oscilan en el rango de los 20, son las que están siendo mayores víctimas de ese tipo de violencia.
Además, la especialista mencionó que se desconoce el dato acerca de cuántas investigaciones por violencia digital terminan en sanciones.
En entrevista para Intolerancia Diario, Gamboa Muñoz expresó que, si bien hay una mayor visibilización acerca de la problemática referente a la violación a la intimidad sexual de las mujeres, no se conocen públicamente los estados y resultados de las pesquisas emprendidas por la policía cibernética.
“Me parece que sí ha habido esfuerzos que han ayudado a identificar el problema, pero no tenemos muy claro si las investigaciones terminan en una sanción”.
Sostuvo que la aprobación por si sola de la Ley Olimpia no va a derivar necesariamente en una reducción de la comisión del delito (en este caso, de la violencia digital), sino que hace falta que las autoridades involucradas homologuen las sanciones en los códigos penales.
Detalló que, de enero del 2019 a abril de 2021, se tienen registradas 289 carpetas de investigación por ese delito, lo que representa un promedio de 10 denuncias por mes.
Reconoció que, a un año de su aprobación a nivel nacional, la ley promovida por la activista poblana Olimpia Coral, ha contribuido a visibilizar el acoso digital.
“Consideramos que ha habido una mayor visibilización respecto a lo que se tenía en años pasados, porque mucho se pensaba que la violencia contra las mujeres y por razón de género únicamente ocurría en espacios presenciales”.
Subrayó que los hombres son los principales responsables de difundir imágenes íntimas de mujeres sin el consentimiento de estas, agregando que ese es otro de los temas pendientes, la reeducación cultural y social de los varones.
Hizo un llamado al Estado para generar los recursos económicos y personales suficientes, que ayuden a concretar acciones o cursos integrales en Internet para que se prevenga la violencia digital.