Entre las principales problemáticas que se enfrentan los refugiados en México, tienen que ver con desplazamientos por presencia de la violencia, donde hay condiciones generalizadas de violencia y violación de derechos humanos. Para el académico de la UPAEP, Derzu Daniel Ramírez Ortiz, existen categoría de protección internacional y razones fundadas de ser perseguidos y por esos temores no pueden regresar a su país de origen.
Además, el académico de esa casa de estudios reveló que el presupuesto dado al sistema migratorio no ha crecido de la forma en que se debería de acuerdo con los flujos que se presentan.
Explicó que, de 2014 a 2019 incrementaron en 3 mil por ciento las solicitudes de refugio y para eso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), está rebasada.
El problema, dijo, es que la política mexicana de migración está más para contener que para proteger los derechos humanos de los refugiados.
Ramírez Ortiz, dijo que, se tiene que asegurar la garantía del respeto de los derechos humanos de refugiados en México, “porque la autoridad mexicana no debe regresar a los refugiados a su país natal”.
Además, hay que activar la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, que les abre puertas incluso en el rubro del acceso a la salud y a la educación.
Ante eso, en el rubro de las violaciones de los derechos humanos, se evidenciaron a muchos refugiados fueron víctimas del crimen organizado y de la trata de personas.
Ante los abusos que existen y son crecientes en contra de los refugiados y migrantes, dijo que, el problema es que no quieren denunciar, porque, además, las estaciones migratorias se ven como detenciones.
Por su parte, Alejandra Domínguez, aseguró que no se debería tener el reto quien quiera acceder a la educación o la salud, “los médicos tienen todo un código de ética para salvar vidas y dar mayor atención a los refugiados”.
Samara Navarrete del Servicio jesuita migrante, explicó que, los que huyen, lo hacen por tema de persecución, por raza, religión y por pertenecer a determinado grupo social.
El problema, dijo, es que no hay confianza de acercarse al Instituto Nacional de Migración (INM), además, “toman una hoja formal de trámite y se toman acciones para adquirir este beneficio, que se suman a derechos a la salud, trabajo, educación, y otros".
Dijo que los procedimientos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), son largos, porque van de los seis meses hasta un año y por la pandemia hasta más.
Además, normalmente se les niegan las solicitudes, por lo que, tienen la posibilidad de apelar, con 45 días hábiles, “los albergues están rebasados y ahí, los refugiados padecen problemas de salud mental y diversos delitos en el trayecto”.
Además, dijo que la constante es de migrantes desaparecidos, que intentan cruzar a Estados Unidos, “75 localizados en estación migratoria, por lo que, recurren a comisiones locales de búsqueda y es el Estado mexicano tiene que protegerlos”.
