Como resultado de una reunión sostenida, el grupo multidisciplinario que tiene la obligación de dar seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia de Género mencionó que de las 45 medidas de prevención y de justicia que deben cumplirse dentro de la Alerta de Violencia de Género, solamente se ha cumplido una.

Ante eso, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla (IDHIE), Ana Gamboa Muñoz, alertó que estamos casi en el tercer año de la alerta emitida en el año 2019.

La académica de esa casa de estudios dijo que estamos lejos de que se haya cumplido, además, no se sabe cómo van con el presupuesto que se ha ejercido para ello.

En la página de Alerta Mujeres Puebla, dijo, la información no está actualizada, “es algo preocupante porque justo podría estar revelando una falta de transparencia en las acciones que están haciendo”.

Fue el 8 de abril del 2019 cuando se emitió la alerta de violencia de género en 50 municipios del Estado de Puebla, mandato de la Secretaría de Gobernación federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Y es que, de acuerdo con el análisis, dijo que, hay una gran falta de comunicación interinstitucional en términos de quién está generando estas acciones y qué indicadores están realizando para realmente evaluar los impactos o cambios.

“Pero si no se especifica cuál es el objetivo que se está siguiendo, porque esos objetivos tendrían que responder a un objetivo general, pero no se va agarrando este sentido, no se le va dando forma a lo que realmente se va amarrando y a lo que se busca como un mecanismo en la Alerta de Violencia de Género”.

Gamboa Muñoz, aclaró que, no es un problema del mecanismo en sí, es la forma en que se está operando, “es la forma en que la Fiscalía y el Estado está poniendo la violencia en contra de la mujer como un problema de segunda o de tercera categoría, que más bien es un problema de salud pública”.

Cabe señalar que, las medidas son tendientes a promover el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial; la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos especializados y gratuitos, además de la rehabilitación y la reparación del daño de las víctimas.

La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, recordó que, tanto organismos internacionales y nacionales ya lo han dicho, no es solamente a nivel internacional sino en nuestro país.

En realidad, de los municipios que aparecen en los informes, aparece el municipio de Puebla, que sí tiene activa la alerta y también el municipio de San Pedro Cholula que está activa.