La Aspabuap confió en que la comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal avale la iniciativa ciudadana de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), para romper el tope salarial.

Ante eso, el secretario general de la Aapabuap, Carlos Armando Ríos Acevedo, se mostró confiando en que la comisión de Educación avale esa iniciativa ciudadana.

Por eso, calificó de positivo el hecho de que esa comisión considere la iniciativa ciudadana que, los sindicatos universitarios de la CONTU presentaron en noviembre del año pasado, para mejorar el salario de más de 300 mil trabajadores universitarios.

El representante de los trabajadores académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reconoció el trabajo que realiza el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe, así como del líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Carlos Aceves Tamayo.

Y es que, mantienen el compromiso por impulsar esta iniciativa que busca sensibilizar al gobierno federal para que elimine el tope salarial, y que el salario se otorgue con base a la inflación del cierre de año y no con el índice inflacionario del inicio de año en el país.

El secretario general de la Aspabuap calificó de congruencia y de madurez política el hecho de que la diputada Tania Cruz Santos haya informado a través de la CONTU que la iniciativa ciudadana, en la que la comunidad académica de la BUAP participó activamente, ya fue turnada para su análisis.

Ante eso, dijo que, solo se esperan que, para la tercera semana de abril se lleve a cabo una reunión con la Comisión de Educación del Congreso de la Unión para conocer resultados previos.

Ríos Acevedo confió en que los integrantes de la Comisión de Educación den una repuesta favorable, y que como lo dijo la diputada federal que, con base al impacto presupuestal del próximo año, los trabajadores universitarios tengan la esperanza de que la iniciativa ciudadana de la CONTU signifique justicia laboral para la totalidad de los académicos y administrativos que laboran en las universidades públicas del país.