"El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño ha recibido 54 recomendaciones, una de ellas por violaciones graves, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por abuso en contra de detenidos", destacó el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina.

El también académico reveló que dentro de esas recomendaciones destacan las lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión, exponiendo que aún no han concluido las mismas.

Dijo que, por esas 54 recomendaciones, la Fiscalía General de la República (FGR), determinó ejercer acción penal en contra del comisionado, al grado que, la próxima semana el funcionario lopezobradorista tiene cita con un juez de Ciudad Juárez para investigarlo por el delito de ejercicio ilícito de servicio público.

Los acontecimientos, dijo el académico, demuestra la falta de cuidado y negligencia del INM encabezado por Francisco Garduño, “amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha defendido públicamente”.

Recordó que, el presidente aseguró que, el comisionado del INM “es un funcionario que conozco desde hace muchos años, y hace bien su trabajo”, lo anterior, sin tomar en cuenta los graves señalamientos sobre los hechos del pasado 27 de marzo.

Asimismo, dijo que, el mensaje que manda López Obrador es que la muerte de los migrantes puede ser minimizada o ignorada cuando se trate de un funcionario federal que goza de su confianza, por eso, no dudó que, pueda seguir en su cargo.

Molina Carrillo, alertó que, el caso puede quedar en la impunidad y libre de toda culpa, con lo que, las responsabilidades caerán en funcionarios de menor nivel, quienes terminarán en prisión por la muerte de los migrantes.

El director del ICI dijo que, la renuncia de Francisco Garduño no puede esperar porque mantenerlo se traduce en una mala señal y un mensaje presidencial para los mexicanos de que, pesa más el apoyo y la amistad con el presidente que la protección a los derechos humanos.

No es aceptable permitir que, no se defienda el derecho humano de toda persona que pise suelo mexicano y permitir que su vida esté en riesgo porque el Estado mexicano permite que se comentan violaciones a sus derechos humanos.

Ese funcionario protegido por el manto presidencial dijo Germán Molina, debe presentar su renuncia inmediata, para ser sujeto a las investigaciones que correspondan.

Además, el Estado mexicano tiene que cubrir todas las indemnizaciones que correspondan, sin embargo, en México las cosas no funcionan así, a pesar de las presiones de los gobiernos de El Salvador y Guatemala que exigen que el país asuma su responsabilidad.

“A pesar de lo anterior, la Fiscalía General de la República se ha visto obligada a actuar, esperamos que sus investigaciones sean objetivas y esclarezcan los hechos para conocimiento de la sociedad”.