La Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada por la Cámara de Diputados, es regresiva, restringe la libertad académica y relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados y universidades. A decir del rector del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Agustín Herrera Fragoso, la ley no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años.
El integrante del Sistema Nacional de Investigadores dijo que, el texto contiene algunas atrocidades y afecta el desarrollo de la investigación científica en el país.
Además, afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto, “que discrimina a los investigadores por su adscripción institucional, cuando lo que se debe evaluar es al investigador por su trabajo y no por su fuente de adscripción, en particular, quienes se encuentran en instituciones privadas, violentando el último párrafo del artículo 1° Constitucional".
Los investigadores y técnicos de los centros públicos de investigación, dijo, serán clasificados como funcionarios públicos, lo cual vulnerará su estabilidad laboral y su libertad de investigación.
Asimismo, a sus centros se les eliminan todos los espacios de autonomía y su actividad, que es una parte importante de la ciencia mexicana, será sometida al arbitrio de alguna dependencia oficial, distinta para cada centro, violentando el artículo 3° Constitucional fracción V.
Ese articulado menciona que, “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”.
Asimismo, Herrera Fragoso, dijo que, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella.
Para lo anterior, deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia, además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Ese artículo constitucional que reiteradamente se viola, “cómo es que, entre otros, los investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de CONACYT, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
Lo anterior, aclaró, merma y desincentiva a estudiantes y jóvenes investigadores, cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas.
Y es que, eso les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional y dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en el artículo 2 dice que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho.
Por eso, se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
