En el caso de la reserva de información en relación con el terreno comprado para la construcción de la nueva sede del Congreso del Estado de Puebla, resulta desconcertante, porque hacer públicos los contratos es una obligación básica.
Para Claudia Ramón Pérez, politóloga de la UPAEP, es un mal mensaje porque el contrato de la compraventa se hizo públicos por ahí del 3 de mayo en un portal de noticias y la fuente es el Instituto Registral y Catastral del Estado.
Dijo, ahí hay una contradicción, porque el banco de tierras busca manejar la documentación como reservada mientras que el Instituto Catastral y Registral del Estado lo hace público.
Además, la cuestión de hacer públicos los contratos es una obligación básica, incluso, cuando no se hubiese hecho una solicitud de información, este contrato tendría que estar publicado.
La académica alertó que, el que está dando la respuesta a la solicitud de información es el banco de la Tierra de la Secretaría de la Función Pública.
“Si es el banco de tierra el que da como reservado el contrato de compraventa con un argumento que tiene que ver con las actividades de este caso, esto no les pega a los nuevos modelos de transparencia y rendición de cuentas que deben ser totalmente claros y abiertos”, dijo.
Por eso, es un mal mensaje el que se manda porque al ser una transacción que tiene que ver con recursos públicos tendría que estar publicado sin necesidad que se llevará a cabo la solicitud de información, de acuerdo con la ley en la materia.
Ramón Pérez, reconoció que, con este debate es un buen momento de retomar los temas de la transparencia y la rendición de cuentas en términos legislativos, “para empezar cuando se trata de asuntos públicos, a menos que se trata de un tema de seguridad, puede ser reservado”.
En esos casos, insistió, uno entiende que hay información que está reservada, pero uno de los elementos que abona a la democracia es que los ciudadanos puedan conocer la forma en que se está manejando los contratos y la información.
Así, dijo que, sí hubo plena legalidad y se actuó conforme a derecho, como lo señalaron en días pasados, no habría ningún impedimento para que la información estuviera publicada.
Y es que, de acuerdo con la politóloga de la UPAEP, cuando uno se adentra con estos temas surgen una serie de suspicacias, por el manejo que se hace de la información, que insistió, debe permitir tanta trasparencia como se necesaria.
Además, parece que hay una contradicción entre lo que establece el banco de la tierra con lo que estaba publicado al respecto en el Instituto Registral y Catastral del Estado, por eso, “debemos recurrir a la transparencia y la rendición de cuentas, que son elementos propios de un régimen democrático”.
