En la actualidad, nos encontramos todavía frente a Fiscalías y sistemas de búsqueda, y de autoridades administrativas como las de educación y salud que no garantizan los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares.
A decir del coordinador de la licenciatura en Derecho y de la clínica jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, Simón Hernández León, en ese pendiente existe un desafío importante, que no solo es la creación de leyes e instituciones sino en todas las respuestas que todos los días deben dar las autoridades.
El académico de esa institución jesuita explicó que, en ese rubro hay bastante brecha y camino que recorrer para sensibilizar, para garantizar que las autoridades protejan los derechos de estas personas y sus familias.
Sobre todo, aclaró, para que sea una protección reforzada a las niñas y a los niños quienes, junto con las mujeres, son las víctimas recurrentes de las desapariciones.
Y aunque existen instancias, sean oficiales o particulares que busquen o den protección a estas infancias, el problema es que es muy difícil acceder a ellas, por eso, reconoció que no existe la capacidad institucional para atender esos temas.
Explicó que, en todos los niveles, desde los municipios hasta las entidades federativas, incluso la federación, tienen que haber esfuerzos por poder articular estrategias y garantizar los derechos de protección de las personas.
"el hecho de que tengamos que acudir a un litigio de esta naturaleza nos hace ver que las delegaciones del IMSS, por ejemplo, no tienen esta sensibilidad y que las procuradurías de protección tampoco están actuando adecuadamente y tampoco lo hace la defensoría federal”.
Las familias que, en la actualidad buscan asegurar los derechos que la ley les entrega, tienen que activar una serie de procesos, mecanismos y litigios que pueden ser muy costosos y complicados, por eso, muchas personas prefieren no realizar las investigaciones.
Resulta, dijo que si no tuvieran este acompañamiento especializado sería muy difícil que pudieran avanzar en garantizar algo que está plasmado en la ley y que tampoco es algo que se pida de manera extraordinaria.
El problema, dijo, es mover toda la maquinaria institucional, lo que implica retos muy significativos para las personas y se ven pocos esfuerzos e iniciativas de la autoridad para garantizarles estos derechos.
Previamente, el coordinador de la clínica jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, reconoció que, en los casos de desapariciones, la Fiscalía no investiga los delitos de manera adecuada, por lo que, se notan pocos resultados.
En el caso de la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, tampoco lleva a cabo los procedimientos de investigación de manera adecuada, porque en un crimen, no solo se trata de esclarecer sino de revertir y desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada.
Si eso no sucede, dijo Simón Hernández, la autoridad abona más en crisis adicionales, como la de representatividad o de credibilidad en las instituciones del Estado mexicano.
