En los primeros 5 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, se viven tiempos de tensión política dentro de la cuarta transformación, por los enfrentamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por diversas reformas que se requieren en el país.

El analista político del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI); Cristopher Mejía Rosas, advirtió que estamos frente a un proyecto que es reformista, que busca reformar el sistema político mexicano, sin embargo, algunas propuestas de ley son frenadas desde el poder judicial.

Lo anterior, dijo el académico, ha puesto en controversia a dos grupos, por un lado, al presidente del país y el poder legislativo en conjunto, y por otro al poder judicial y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El problema, dijo, es que, al estar en tensión política, de un lado defienden y del otro detienen su proyecto, con lo que, oscurecen la participación ciudadana, que es otro factor que es muy importante identificarlo dentro de esta pugna, porque queda al margen de esa confrontación.

Los problemas que se vislumbran aparentemente son serios dijo el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del ICI, por un lado, se observan permanentes roces y tienen que ver con la desatención entre dos proyectos, “nos muestra la forma en que está la democracia mexicana”.

Eso se presenta creciente porque también en el ámbito político-electoral, hay competencia entre proyectos de gobierno, el que encabeza la Cuarta Transformación, con Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza, y el del Frente Amplio por México, con Xóchitl Gálvez como coordinadora de esos esfuerzos.

Dentro de todas estas tensiones, dijo Mejía Rosas, una parte medular son la legislación y la aplicación de la ley, además, “nos muestra la democracia que en este sexenio tiene característica diferenciadora y de competencia en el sistema político mexicano”.

Por eso, dijo el analista político del ICI, se tiene que identificar que es importante la base democrática en el país, pero se debe abrir la base legal e institucional que involucre la participación popular para formular las reformas que se requiere en el sistema político mexicano, es decir si hablamos de reducir presupuesto a los magistrados, que se identifique lo que quiere la ciudadanía.

Si no se toma en cuenta la base popular del país, los proyectos y su consolidación al convertirse en leyes, serán una medida exclusivamente surgida desde el poder público, pero que no considera el verdadero sentir del pueblo mexicano.

Lo que se ha observado en la confrontación que todavía mantienen el presidente López Obrador junto con el poder legislativo en contra del poder judicial a través de la SCJN, se resume en una verdadera división de poderes en el país.

Por eso, dijo el académico del ICI, El mandatario mexicano no podrá “obradorizar” la Corte, organismo que representa una seria verdadera oposición dentro del sistema político mexicano, porque se muestra trabajo independiente al poder ejecutivo.