La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quitar 23 fideicomisos al poder judicial es una muestra de incongruencia porque los recursos que dicen destinarán a obras sociales, son para obras emblemáticas como el Tren Maya, Dos Bocas y el transístmico.

El director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, dijo que los partidos de oposición del poder legislativo acusaron que los recursos obtenidos serán usados de manera discrecional y clientelar para los programas del plan nacional de desarrollo, que le da manga ancha para usarlos a placer.

La incongruencia, dijo el académico, es que, muestras desaparecen los fideicomisos, aprueban otros tres para la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, “AMLO cree que lo que, en un poder como el Judicial, es un abuso y dispendio de recursos, en esas secretarías se justifica y aprueba sin ningún obstáculo, a capricho del presidente".

Por eso, dijo que los abogados refrendan su apoyo y solidaridad a la lucha de los trabajadores del poder Judicial de la Federación, que es el último reducto que les queda a los abogados, para alcanzar la justicia y hacer valer el estado de derecho.

Y es que, advirtió que, en los tribunales estatales el control y la politización de la justicia, se ha convertido en un cáncer que lacera y lastima la seguridad jurídica de los mexicanos.

“Una de las críticas más fuertes de la alianza opositora en contra de la iniciativa presidencial, ha sido el señalar que lo que pretende el presidente López Obrador es destinar la totalidad de los fondos de los fideicomisos a la conclusión de las denominadas obras insignia del sexenio como el tren maya, la refinería de Dos Bocas y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Ante eso, recordó que, en el año 2020, los partidos que impulsan el proyecto de la 4T, desparecieron en el Congreso de la Unión, 109 fideicomisos de distintos sectores.

El argumento fue que, con los recursos recuperados, que ascendieron a 64 mil 524 millones de pesos que se obtuvieron, se destinarían a la compra de vacunas para la Covid-19, sin embargo, se destinaron al tren maya y programas sociales, como créditos a la palabra y vivienda social.

Lo anterior demuestra que esos recursos se aplicaron para programas clientelares en beneficio del proyecto político del presidente y su partido.

Los recursos de esos fideicomisos están dotados de más de 15 mil millones de pesos y tienen una de las 69 reservas que presentaron los grupos parlamentarios, en el sentido de que los 15 mil 280 millones de los fideicomisos serán recolectados por la Tesorería de la Federación.

Esos recursos, dice la reserva se destinarán a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y esa iniciativa pasará ahora al Senado de la República para su aprobación.

La versión del presidente para justificar la desaparición de los fideicomisos es de que con ello se busca terminar con los privilegios y canonjías de las que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces federales.

“Son esos personajes que, incluso tienen sueldos más altos que el presidente de la república”, por eso, también se debe buscar defender que la desaparición de los fideicomisos y de ninguna manera afectar los derechos de los trabajadores