De acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico), el Estado de Puebla ocupa el noveno lugar en relación con los 32 estados de la República mexicana con la mayor captación del recurso recibido por los parientes de migrantes.
A decir de Anselmo Chávez Capó, analista económico de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, son diez municipios reciben el 55.43 por ciento del total, con mil 305.29 millones de dólares.
Por eso, dijo que, hasta septiembre de 2023, se han recibido un total de 2 mil 354.78 millones de dólares por este concepto, según datos de Banxico: “Este monto representa un aumento del 17.4 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registró un ingreso de 2 mil 004.36 millones de dólares”.
Los cinco principales son Puebla capital con 422.82 millones de dólares, Atlixco 176.61 con millones de dólares, Tehuacán con 174.26 millones de dólares, Izúcar de Matamoros con 127.01 millones de dólares y San Martín Texmelucan con 84.03 millones de dólares.
Dijo que “es importante considerar el impacto que tiene en la economía familiar la apreciación del tipo de cambio”.
Ante eso, el cheque promedio por familia es de 375 dólares, y al comparar el tipo de cambio vigente el año pasado, de 19.46, con el actual, de 17.27, el monto recibido sería de 6 mil 476.55, lo que significa una disminución de 822.71 pesos.
La estructura de la distribución porcentual ha pasado del 4.7 por ciento en 2022 al 5.0 por ciento, “las remesas del extranjero en su aporte a Puebla y una de las fuentes de ingresos más importantes para el Estado de Puebla son las remesas de los connacionales en el extranjero”.
Chávez Capó, afirmó que, de acuerdo con el Banco Central, el 99 por ciento de las remesas se enviaron a través de medios electrónicos, como transferencias y aplicaciones digitales, mientras que el resto se mandó por giros en efectivo o en especie.
“Las remesas siguen siendo un factor importante en la estructura financiera de las familias poblanas, por lo que es de máxima importancia el uso adecuado y productivo de esos recursos financieros recibidos”.
Por eso, hay que considerar las restricciones que en materia migratoria están estableciendo los gobiernos estatales de los Estados Unidos, como es el caso del estado de Texas.
Ahí, recordó, se aprobó el proyecto de Ley SB4, convirtiendo en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exigiendo a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.
En el caso de que el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, por eso, “grandes presiones recibirán los inmigrantes, por lo que es de máxima importancia el uso adecuado y productivo de esos recursos financieros recibidos”.
