En México, los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica se enfrentan con una red de complicidades y corruptelas que se conoce como la "industria de la migración", porque todo mundo hace negocio con ello, desde los agentes de migración, la policía en sus diferentes órdenes y la misma población.

En ese negocio está implicada la violación a los derechos humanos, porque es la forma de amenazarlos para tener dinero, aseveró la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, María de Lourdes Rosas López, por eso, se multiplican también las extorciones, las amenazas y los malos tratos.

“Antes, en la industria de la migración se decía que solo había que castigar a los coyotes, pero ahora hay que ver si hay suficientes espacios en las cárceles de este país para meter a todos los ciudadanos que han hecho negocio con los migrantes”.

Hay diversas razones por las que esos migrantes traen tanto dinero, prueba de ello, aseguró, es que, al llegar a Puebla, algunos llevan gastados como 10 mil dólares, “lo que hacen es vender su casa, sus negocios y sus autos por eso concluimos que no piensan regresar a sus países”.

Entonces, dijo, hay un empobrecimiento del ciudadano migrante, porque si los deportan ya no tienen nada, “y no tiene certeza en qué trabajarán, porque ya no tienen el negocio, ya no tienen la tierra, ya no tienen casa, vendieron lo poco que tenían”.

Como se dice coloquialmente, dijo la académica, quemaron las naves y ya no hay proyecto de vida, ya no hay proyecto de retorno, “esto quiere decir que no piensan volver porque no tienen a qué volver”.

Además, explicó que, son proyectos migratorios familiares y no personales, porque se van todos y ya no dejan nada en sus países.

Rosas López dijo que, la condición de los derechos humanos de los migrantes en su paso por territorio mexicano es terrible, porque son violentados no solo por los guardias o elementos de seguridad que tiene México.

“Algunos grupos de migrantes dicen que en Chiapas fueron detenidos y los llevan a las estaciones migratorias o centros de detención, pero les informan que necesitan un abogado para defenderlos, pero ellos no conocen la Ley de Migración de México”.

El problema es que los hombres tienen que pagar 300 dólares cada uno para asesoría y no les dicen nada más, “probablemente no son abogados los que llegan, pero les tienen que pagar la mitad, es decir 150 dólares”.

Ya en el centro de detención, dijo la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, pasan y dicen lo que les dijo el supuesto abogado y les piden los otros 150 dólares para dejarlos salir, “eso es violación a los derechos humanos por los mismos guardias del Instituto Nacional de Migración”.

Hay complicidad con grupos de la delincuencia y también son los mismos ciudadanos los que hacen negocio con ellos, “relatan que en todo el trayecto sueltan dinero, porque traen dólares y los familiares les están mandando de a poquito porque si llevan mucho en los bolsillos se los roban, pero si no llevan, no pasan".

“Lo hace también la gente, el ciudadano de a pie que ha aprendido a hacer negocio con los migrantes y les cobran peaje de 10 a 20 dólares y van soltando dinero en todo el trayecto”.