Luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó que la gestión de Eduardo Rivera Pérez, causó un presunto daño patrimonial por 261 millones 290 mil 678 pesos en su cuenta pública de 2023, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, pidió transparencia y dijo que como servidores públicos están obligados a rendir cuentas para aclarar este tiempo de situaciones. 

En esa tónica, el morenista dijo que todos los funcionarios públicos están sujetos a la observación y revisión de cuentas, sin importar que su mandato haya concluido, de tal manera que deben transparentar lo gastado. 

"Nosotros somos sujetos de revisión, los representantes del Poder Ejecutivo, en el orden federal, estatal y municipal, los poderes públicos, estamos sujeto inherentemente a la observancia en el manejo de los recursos que están a nuestra disposición y la transmisión es fundamental", indicó.

Según el informe individual de la Auditoría Superior del Estado (ASE) correspondiente al ejercicio fiscal 2023, el gobierno municipal tiene 15 pliegos de observación que suman un posible quebranto financiero por 261 millones 290 mil 678 pesos del último ejercicio fiscal del panista.

Parte de los gastos observados a la administración del panista, fueron en publicidad, la contratación de servicios y la adquisición de algunas herramientas de oficina para las diferentes dependencias municipales.

Debido a ello, la actual administración de José Chedraui Budib tendría que responder en 30 días sobre contratos e información de la aplicación de recursos, relacionados con servicios.