Los gobiernos actuales, desde el federal, el estatal y los municipales, se conducirán al filo de la navaja en los tiempos de las campañas políticas que vienen con la finalidad de apoyar a los candidatos que compiten por los diferentes cargos de elección popular.
Para el politólogo de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roehrich, existen procesos de simulación donde se puede buscar argumentos legales para disimular que un acto no tiene intencionalidad electoral, pero en los hechos sí.
Explicó, por ejemplo, algo como el hecho de que una autoridad se haga acompañar de un aspirante a cargo de elección popular en eventos públicos as algo que raya en la simulación y puede caer en que sea considerado violatorio de la ley.
El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno reflexionó sobre el hecho de que una autoridad puede avanzar en la línea delgada entre los legal y no ilegal a favor de un candidato o partido político, “porque vemos que la tentación siempre es mucha”.
Por eso, se pueden observar desde violaciones electorales claras, como ya ocurrió con un gobernador que claramente dijo estar a favor de una candidata presidencial, algo que evidencia que los gobernantes pueden tomar partido en busca de apoyar las aspiraciones de los aspirantes con los que simpatizan.
En ese contexto, el analista político de esa casa de estudios poblana advirtió que, de suceder algo evidente y similar en tiempos de campañas electorales, la autoridad electoral tiene que sancionar al funcionario y al aspirante o partido político beneficiado.
El tema es muy simple, dijo Espina Von Roehrich, la autoridad jurisdiccional, la que persigue los delitos electorales, tiene que iniciar investigaciones penales contra la autoridad gubernamental que desvíe recursos o que haga una promoción indebida tipificada por la ley.
En esos casos, agregó el politólogo de la UPAEP, todos los funcionarios públicos pueden caminar en esa línea delgada entre lo legal y lo ilegal en apoyar en una coalición.
Y es que, en la realidad, aclaró, es posible hacer una buena labor y promocionar esos logros en beneficio del partido político del que proviene el gobernante, “eso es legal y lo que es ilegal no se debe de hacer”.
Por eso, de presentarse algo similar en la contienda electoral que viene, la autoridad correspondiente debe ser sancionada y perseguida por la justicia, pero también debe ser repudiado por la propia sociedad y los electores.
Sin embargo, desde su perspectiva, lo ideal sería que los propios electores rechacen actuaciones que sean ilegales y que lo hagan por medio del voto que tendrán en su poder, porque es la forma en que califican el trabajo y desempeño de los candidatos.
Juan Carlos Espina, señaló por eso que, el papel de las autoridades electorales tiene que ser implacable para meter en cintura a las autoridades de gobierno que intenten salirse de lo establecido por la ley.
