La cifra negra en el Estado de Puebla por temas de inseguridad y delincuencia alcanza el 93.2 por ciento, ya que solamente se inició una carpeta de investigación en el 6.8 por ciento de los casos.

A decir de la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Rosario Arrambide González, eso hace evidente que existe un alto grado de impunidad que se deriva de la prevalencia de las violaciones graves a los derechos humanos, las desapariciones de personas, los feminicidios y la trata de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra representa todos los “actos delictivos que no son reportados ante el ministerio público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística”.

Cabe mencionar que, al cierre del año 2022, el Estado de Puebla ocupó el quinto lugar en el ámbito nacional con la mayor tasa de incidencia delictiva, con 32 mil 656 ilícitos por cada 100 mil habitantes.

Por eso, afirmó que, la violencia y la impunidad se mantienen entre las principales problemáticas en el Estado de Puebla, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI, Puebla se ubica en el quinto lugar en incidencia delictiva en el país.

Además, el 78.3 por ciento de las personas encuestadas consideran que la entidad poblana es insegura.

Dijo, por ejemplo, que, en el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de las más de 114 mil personas desaparecidas que se reconocen a enero de 2024 en el país, la gran mayoría de los casos son atravesados por una impunidad casi absoluta.

De ese total de casos, en el Estado de Puebla se tienen registrados 3 mil 277, de los cuales, el 39 por ciento son mujeres y de acuerdo con la misma fuente, al corte de diciembre, el año 2023 es el que tiene más desapariciones registradas.

Arrambide González recordó que, a pesar de la existencia de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, sigue pendiente registros y mecanismo que la misma legislación obliga, como la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición.

Esa última iniciativa, dijo la académica, la presentaron en conjunto con el colectivo Voz de los Desparecidos y la diputada Mónica Silva Ruiz, ante el Congreso del Estado de Puebla, además del Programa Estatal de Búsqueda y el Banco de Datos Forenses.

“En la crisis de desaparición que se vive, son los colectivos de familiares de personas desparecidas quienes realizan acciones eficientes y sensibles de búsqueda e investigación".

Con ello, dijo la directora del IDHIE, suplen las obligaciones del Estado y denuncian desde la dignidad las faltas y omisiones de las autoridades en la materia.