La presidenta del Sistema Estatal DIF, Martha Erika Alonso, afirmó que ayudarán para la Casa del Sordo como lo han solicitado desde el principio de la presente administración a través de aparatos auditivos y otras herramientas.

Sin embargo, el pago de la renta del inmueble o su reubicación tendrá que ser gestionada por la Secretaría General de Gobierno, indicó en entrevista la funcionaria y esposa del gobernador Rafael Moreno Valle.

Intolerancia Diario reveló que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla mantienen en el desamparo a la Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla luego de quitarles la entrega de despensas, aparatos auditivos y el subsidio para el pago de renta de su inmueble.

Incluso despidieron a tres personas sordas del DIF estatal en un acto de discriminación, acusó el organismo no gubernamental, al advertir que irán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

En próximos días la Casa del Sordo podría ser desalojada al adeudar cinco meses de renta (más de 35 mil pesos), luego de que dejó de recibir subsidio de parte del gobierno estatal afectando a más de 189 niños y adultos que estudian en la única escuela para este sector en Puebla.

La Casa del Sordo está ubicada en el viejo edificio de la 7 Poniente 309, donde alquila apenas cinco cuartos, que fueron acondicionados como salones de clase y una cocina, por lo que ahora buscan que los gobiernos para que le presten un pequeño espacio para instalarse.

Ante el problema, Martha Erika Alonso, señaló que al DIF estatal no les corresponde el apoyo directo a las asociaciones civiles y organizaciones, labor que realiza el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno.

“Hoy en día quien tiene la relación económica con las asociaciones civiles es Gobernación, a través del área de Participación Ciudadana, tenemos vinculación con las asociaciones civiles para el tema de servicios social y apoyo en actividades.”

Sin embargo, apoyarán al organismo civil, solo si los representantes de la escuela se acercan para pedir apoyos auditivos que entregarán con todo gusto, ya que sólo se requiere del apoyo del ayuntamiento para que puedan colaborar en un 50 por ciento cada uno de los niveles de gobierno.

A pregunta expresa sobre el tema, reconoció Erika Alonso que los discapacitados que trabajaban para el DIF fueron dados de baja debido a que la fábrica de aparatos ortopédicos en la que se desempeñaban había dejado de funcionar, pero lograron un acuerdo con la empresa particular Cinia.

Indicó que el objetivo es que las personas que tienen capacidades diferentes sigan recibiendo el apoyo económico que necesitan y no queden desempleadas, sin embargo sólo 3 de las 12 personas con problemas auditivos que fueron invitadas fueron a trabajar a este lugar.

“El convenio con Cinia fue que abrieron 50 plazas de trabajo con todas las prestaciones de ley, pero tuvieron que ser dados de baja porque la planta de aparatos ortopédicos donde trabajan ya no funcionaba desde la administración anterior.

”A las 12 personas (los despedidos) se les pidió que se acercaran a Cinia y sólo fueron 3, los demás no quisieron, yo ya no puedo llevarlos de la mano a ver en dónde los ubico”, dijo finalmente la funcionaria.