Desde los niños hasta las mujeres y hombres son discriminados constantemente, los que los mantiene marginados y en la extrema pobreza a la gran mayoría de personas de cualquier etnia.
Tan sólo en Puebla existen alrededor de 350 mil niños indígenas en condiciones de pobreza extrema y marginación, más de mil presos en las distintas cárceles sin siquiera saber hablar español y casi el 50 por ciento de las mujeres sufren maltratos por costumbres ancestrales.
Infancia difícil
La Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), en su más reciente estudio “La infancia cuenta 2010”, señala que en el estado de Puebla, en un año se cuadruplicaron las denuncias por maltrato en contra de menores aumentaron de 921 a 3 mil 434, casi el cuádruple.
Según el estudio, en 2008 Oaxaca resultó el segundo estado a nivel nacional con mayor número de denuncias presentadas, con 4 mil 126 casos, mientras que Puebla, que sólo presentó 921 denuncias en 2008, al año siguiente reportó casi el cuádruple: 3 mil 434.
Puebla es el estado de la zona sureste que tiene la mayor población indígena infantil, y alrededor de 350 mil niños vive en condiciones de pobreza y marginación muy elevada, siendo víctimas de discriminación en los servicios de salud, educación, estando impunes al maltrato y violencia. Los menores poblanos son origen náhuatl, popoloca y totonaca.
“Se enfrentan a la inaccesibilidad y mala calidad de los servicios básicos de salud y educación, lo que representa una forma de discriminación y maltrato que repercute en su desarrollo físico, emocional y psicológico, constituyendo, entonces una forma explícita de violencia y maltrato”, indica la RDIM, basada en preceptos de la Unicef.
“(…) en términos generales, son niños que por su condición socioeconómica y cultural se ven limitados al acceso de servicios de salud, educativos, de protección, lo que afecta su sano desarrollo y los posiciona en una situación de desigualdad frente a otras poblaciones, por un lado, y los orilla a la búsqueda de alternativas que subsanen su condición, por otro, como la migración o la inserción en espacios donde experimentan la violencia y la explotación, entre otras”, señala el documento.
En la parte del estudio dedicado a la región sur-sureste del país, además de Puebla se analizó a Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, estados que también son los últimos en la lista del Índice de Desarrollo Humano.
Al término de la primera década del siglo XXI, las poblaciones donde crecen niñas y niños del sur-sureste mexicano también presentan mayor población migrante y son el paso de entrada para el tránsito migratorio que viene desde Centroamérica.
En la región sur-sureste predomina la violencia física, el abuso y explotación sexual y la discriminación como una forma de violencia a la que está sujeta una gran mayoría de la población infantil del país por su condición económica y cultural.
Del total nacional de homicidios reportados en las niñas y niños de cero a cuatro años de edad, el 18 por ciento ha ocurrido en los estados del sur; Chiapas y Guerrero son los que más registran; por el contrario, Yucatán, Campeche y Quintana Roo son los estados que menos casos reportan.
En el caso de Puebla es preocupante la tasa de homicidios de menores de entre 15 a 17 años, ya que si bien no figura con índices altos, la tendencia es creciente, ya que en 2006 se registraron 11 y para 2008 se había llegado a 16 por año.
“Las estadísticas sobre el maltrato y la violencia contra niños y niñas en México, marcan algunas tendencias: el registro de las denuncias representa también un sesgo importante, ya que no todas son presentadas ante el Ministerio Público, sino que se presentan ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y no siguen un procedimiento jurídico o penal.”
Así es la vida de los menores en Puebla y en la zona sur: malos servicios, marginación y maltrato, añejas prácticas ignoradas por muchos.
Detenidos
La delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Yvón Gutiérrez Vásquez, mencionó que en todo el estado de Puebla se tiene más de mil presos indígenas, de los cuales al menos 300 purgan delitos menores, pero por ignorancia siguen presos.
Por lo menos 300 indígenas se encuentran encarcelados en Puebla por delitos menores informó la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas que explica que entre otras razones, están presos por no contar con traductores que les asistan en procesos judiciales.
Yvon Gutiérrez Vázquez, delegada de la CDI, declaró a medios que en el estado se carecen de traductores certificados y abrió la convocatoria para el Diplomado en Traductores.
Actualmente la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) trabaja en la liberación de mil indígenas en diferentes municipios de la entidad.
La experiencia veracruzana parece ser la pionera, pues con ánimo de autoridades para que todos los veracruzanos tener acceso a las mismas oportunidades, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) firmó un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) delegación Veracruz, para que 110 personas capacitadas en los Diplomados de Formación y Acreditación de Intérpretes en Lenguas Indígenas, desarrollen sus funciones en auxilio de quienes se encuentren en un proceso ante la justicia.
De cada uno de los detenidos de distintas etnias, se analizan sus situaciones y el por qué de sus condenas. Los porcentajes determinan que el setenta por ciento son hombres y el resto corresponde a mujeres.
Otras de las acciones en las cuales trabaja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el diplomado de traductores e intérpretes indígenas, ya que muchas de las veces por la falta de estos impide una defensa justa y termina en un caso más de discriminación.
La delegada en Puebla de la CDI mencionó que el estado tiene el primer lugar en la defensa de presos indígenas así como en la ayuda a estos ya que en caso de ser delitos menores la comisión paga sus fianzas para sacarlos de prisión.
La ayuda a los pueblos indígenas no acaba ahí ya que también se construyen albergues en los cuales se atienden a jóvenes y niños, en el caso concreto del municipio de Eloxochitlan se construye el número 90 en toda la entidad en los cuales se busca dar educación a los menores indígenas.
La inversión para este nuevo Centro de Educación Indígena es de 5 millones de pesos, en la cual la Comisión Federal de Electricidad tiene una participación económica, con estas acciones la CDI deja en claro su postura conforme el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad.
“Fortalecemos las actividades productivas de las zonas sin que pierdan su identidad como pueblo indígena y mucho menos introduciendo actividades ajenas a las comunidades”, finalizó Gutiérrez Vázquez.
La inversión para este nuevo centro de educación indígena es de 5 millones de pesos en la cual la Comisión Federal de Electricidad tiene una participación económica, con estas acciones, la CDI deja en claro su postura conforme el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas paga los servicios médicos y las medicinas así como el hospedaje de su acompañante de los miembros de la comunidades indígenas en caso de que la especialidad médica no exista en sus comunidades además dan de comer a más 4 mil 900 niños y jóvenes.
En el tema educativo, se atienden a una gran cantidad de estos en los 89 centros educativos de niños y el Procapi, con el cual se beneficia a grupos mixtos con proyectos productivos y el centro de acopio en el municipio de Zautla por 4 millones de pesos.
27 millones de pesos para proyectos de mujeres indígenas sin la necesidad de estar organizadas ya que la comisión ayuda al ejercicio de los recursos.
Para finalizar, la delegada de la CDI añadió que los trabajos son extensos con este grupo marginado de la población, pero con esfuerzo se llegará a un mejor presente para tener un futuro privilegiado.
Indígenas y mujeres, doble discriminación
Las mujeres indígenas enfrentan una doble desventaja en su capacidad de decisión, el acceso a los recursos y la capacidad de acción: ellas son indígenas y mujeres.
En Puebla el 47.1 por ciento de las mujeres indígenas sufren violencia de pareja, superior a la media nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH).
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha generado y difundido información estadística que contribuye al conocimiento de la magnitud y características de la violencia que sufren las mujeres.
ENDIREH señala que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han padecido algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida.
Así, por ejemplo, los indígenas tienen menos acceso a la educación que los no indígenas y las diferencias de género en la escolaridad son mayores entre esta población.
De las 32 entidades de la República Mexicana, 11 presentan un porcentaje de violencia de pareja superior a la media nacional, que es de 43.2 por ciento.
El Estado de México con 54.1por ciento, Jalisco 52.8 por ciento, Colima 50.3 por ciento, Durango 48.6 por ciento, Tabasco 48.4 por ciento, Puebla 47.1 por ciento, Morelos 45.4 por ciento; Guerrero y Aguascalientes, con 45.3 por ciento cada uno, Oaxaca 43.9 por ciento y el Distrito Federal 43.5 por ciento.
El estudio señala que la subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la perspectiva de una triple opresión: desde su clase, género y condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas.
En las comunidades indígenas la construcción social del género se fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad, concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las decisiones.
Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva.
La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración social muchas familias son encabezadas por mujeres.
Una consecuencia más de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos migrantes.
Sin embargo, la inequidad de género también está presente en la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que aseguren la propiedad de la tierra para éstas.
En este contexto muchas mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.
La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia.
La violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente.
A través de los espacios de reflexión que han generado, las mujeres indígenas comienzan a tomar en sus manos su destino, su vida, sus preferencias y sus participaciones.