La totalidad de los habitantes del municipio de Cuacuila se opone a la instalación del gasoducto Tuxpan-Atotonilco, que lleva a cabo el corporativo Gasomex, porque, desde la perspectiva de los afectados, representados por Javier Hernández, la obra representa grandes riesgo para la población porque las instalaciones de gas LP pueden provocar fugas y explosiones, además de que los trabajos ya causan afectaciones en la flora y fauna de la junta auxiliar.

Ante eso, el integrante del grupo opositor al proyecto reveló que los habitantes de Cuacuila, municipio de Huauchinango, están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para frenar la obra, que pone en riesgo permanente a la totalidad de la población: “La construcción del gasoducto arrancó en el mes de septiembre de hace dos años y nadie nos oye ni atiende el problema que expresamos permanentemente”.

La abogada defensora de los habitantes de esa localidad, Patricia Montaño Flores, informó que esperan la resolución definitiva del amparo colectivo, que será dada a conocer el próximo 30 de enero y, aunque se mostró confiada en una respuesta positiva de parte de las autoridades federales, en caso de que el Juzgado Primero de Distrito niegue la suspensión definitiva de la construcción, acudirán a instancias internacionales para que coadyuven a frenar el gasoducto.

En su intervención, Lorenzo Antonio Dolores, miembro de la comisión de inconformes, recordó que la construcción del gasoducto Tuxpan-Atotonilco inició en septiembre del 2012, aunque el proyecto se planeó desde hace más de 10 años en la misma población.

Los opositores al proyecto, puntualizó el ciudadano, son amedrentados por las autoridades municipales al grado de que tres de ellos ya recibieron órdenes de aprehensión por participar en el movimiento y, aunque todavía no se ejecuta ese mandato judicial, dijo que tienen conocimiento de que hay una lista de 12 personas más a quienes buscan remitir al Ministerio Público.

Acompañado de otros habitantes de la comunidad, Javier Hernández dijo que están convencidos de que si se permite la culminación del gasoducto en la zona les ocasionará problemas en el futuro inmediato; además, reiteró que pone en riesgo permanente a todas las personas que habitan en la población.

Para frenar la continuidad de la obra, dijo, se conformó una comisión que encabeza acciones para rechazar la obra: “Ya presentamos un juicio de amparo, con número de averiguación 6/2014, ante el Juzgado Primero de Distrito, en el que solicitamos la cancelación de los trabajos. El amparo ocasionó que la obra se suspendiera provisionalmente, pero todavía observamos la presencia de trabajadores de Gasomex que cavan una zanja”.

Javier Hernández reveló, en un pliego petitorio, que los habitantes de Cuacuila exigen que la obra se frene de manera definitiva: “Queremos que la comunidad sea reconocida como zona indígena Náhuatl, que la lengua se reconozca como el idioma oficial de la población, rechazamos de manera definitiva los trabajos cerca de la comunidad y pedimos la desviación del proyecto a no menos de 5 kilómetros de la comunidad”.