Campesinos provenientes de la zona del volcán Popocatépetl se manifestaron en las oficinas de la delegación de la Semarnat en Puebla para exigir que se frene la construcción de un gaseoducto en la zona. Los manifestantes pegaron copias de un estudio del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), que señalan lo peligroso del proyecto, además de poner a las puertas productos que cosechan en la zona, como maíz, calabaza y frijol, los cuales —afirmaron— se verán afectados.

Para pegar los documentos, embarraron en las puertas de la dependencia federal pegamento con sus propias manos y así fueron colocando una por una de las más de 200 hojas del expediente de Cenapred. Todo al mismo tiempo de exigir, a gritos, a la dependencia a cargo de Daniela Migoya Mastretta la cancelación del gasoducto Morelos.

“No vamos a permitir que se establezca el gasoducto, nos vamos a defender tanto legalmente como físicamente, pero el proyecto no va a pasar”, advirtieron.

Los campesinos llegaron a pie, provenientes de San Lucas Atzala (San Andrés Calpan), Santiago Xalitzintla (San Nicolás de los Ranchos), y aunque estaban perdidos en un principio, lograron dar con la ubicación de las oficinas de gobierno en la 3 Poniente y boulevard Atlixco, gracias a ayuda de los mismos elementos viales que los resguardaban.

Los inconformes traían pancartas en las manos con leyendas como “200 años y aún nos siguen saqueando, no al gasoducto, Santa María Zacatepec”. Lanzaron consignas y colocaron una lona en el suelo, así como en la puerta de la dependencia federal, y pusieron todo lo que siembran en sus comunidades, como mazorcas y fríjol, entre otros productos.

Aseguran que el estudio del Cenapred menciona que es inviable el gasoducto, por lo que están dispuestos a defender sus terrenos. En entrevista, Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) explicó que en el 2010 se inició el proyecto del gasoducto, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mismo fue concesionado a las empresas españolas Enagás y Elecnor. Un año después, dijo, la Semarnat empezó a analizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y solicitó a la Cenpared un dictamen para checar los riesgos.

Aunque en el 2011, resaltó, la dependencia federal encargada del medio ambiente le dio a las empresas españolas dos años para la construcción del gasoducto, ya pasaron los 24 meses y ni si quiera hay un tubo enterrado: “Lamentablemente, hace un año les otorgaron una prorroga de otros dos años, y nunca notificaron a los pueblos de la zona. Lamentamos bastante y estamos molestos de la actitud de la delegada Daniela Migoya, porque ella se ha convertido en una delegada de la destrucción ambiental, está autorizando estos proyectos, como los proyectos de muerte.

”Debido a la sordera que hace la Semarnat acerca de todo esto, pues hoy venimos a la delegación para que de manera simbólica le peguemos en sus narices todo lo que es el estudio de la Cenapred, para que vean que este proyecto no se puede hacer en el volcán.

”Nuestra visita es una exigencia de justicia y legalidad, emitiremos denuncias más fuertes y de diferente índole, y si a la CFE se le ocurre hostigar a la gente, la gente se puede salir de control cuando está molesta”, insistió.

Aseguró que los colonos de las 60 comunidades de Puebla que se verían afectadas buscan que el problema se resuelva de manera pacífica. “Pero no nos reciben y nos cierran las puertas, no somos sus payasos”, dijo al señalar que las compañías españolas hasta el momento no han realizado trabajos en el estado de Puebla, ya que están consiguiendo el derecho de vía.