Debido a la falta de información y total hermetismo crecen las especulaciones al interior del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), donde la angustia invade a la clase trabajadora.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los 27 organismos operadores de agua en el estado de Puebla cuentan con al menos una irregularidad en sus servicios, permisos o concesiones.

Incluso, se afirma que el dinero que iba a servir para la liquidación de los trabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla presuntamente fue utilizado para cubrir adeudos del organismo a particulares.

Así lo revelaron fuentes del gobierno estatal de manera extraoficial, quienes aseguran que fue uno de los motivos por los que se retraso el cambio de estafeta de la administración de la dependencia, que se pospuso un mes más.

La incertidumbre está reinando entre los trabajadores del SOAPAP, sobre todo por la falta de información oficial sobre su futuro, derivado de constantes promesas que no se llegan a cumplir.

Esta situación ha mermado la credibilidad de la empresa Concesiones Integrales, liderada por el consorcio Agua de México, para con los empleados, quienes ahora esperan con zozobra el 16 de mayo, fecha en que prometieron que será el cambio.

Otro motivo del retraso es que el consorcio solicitó la prórroga de un mes para realizar el pago de la contraprestación de mil 400 millones de pesos a través de un crédito puente, según las versiones al interior del SOAPAP.

Supuestamente, en el contrato de concesión firmado a finales de diciembre invertirán 3 mil 800 millones de pesos en infraestructura por los próximos cinco años y destinarán el 10 por ciento de sus ingresos anuales totales para trabajos de infraestructura y el 5 por ciento al gobierno del estado.

Mientras tanto, continúan cerrados los almacenes del organismo, deteniendo la realización obras, además de que constantemente la red del equipo de cómputo se cae, sobre todo en las oficinas de Plaza América, lo que afecta el trabajo.

Las fuentes señalan que el efecto de que no se concretara la liquidación de los empleados del SOAPAP e ingreso a la iniciativa privada fue devastador, ya que 90 por ciento de la base trabajadora quiere dejar al gobierno, por eso mismo la angustia.

La versión que les dieron para posponer un mes la liquidación del personal es porque la Junta de Gobierno salió de vacaciones, claro que nadie se la creyó, sobre todo debido a que se afirma que Jorge Gómez Haro, director de Administración y Finanzas, ya fue finiquitado al cien por ciento.

Se dice que tras la salida de Gómez Haro, se entregó el organismo a Eligio Ramírez Barrales, quien quedó como encargado de la dirección de Administración y Finanzas de la dependencia.

Se sabe que los trabajadores serían liquidados este martes 22 de abril, muchos ya tenían cita, hora, el día y el monto a pagar a cada uno.

Sin embargo, el miércoles 16 de abril, antes de terminar sus actividades, los empleados fueron informados por la oficina de Recursos Humanos que esto no sucedería.

Otra versión que ha llegado a los empleados es que el dinero para la liquidación que serviría para los trabajadores, mismo que el consorcio ya había entregado al SOAPAP, sirvió para cubrir deudas del organismo a particulares.

Este ejecutivo va a ser quien se encargue de obtener el recurso para la liquidación de los trabajadores a más tardar el 16 de mayo del presente y de entregar formalmente el organismo al consorcio.

En tanto, como Intolerancia Diario lo reveló desde el lunes pasado, el almacén de materiales continúa cerrado, y no hay fecha para que se abra, hasta que se dé la orden del consorcio, por lo pronto, las obras seguirán suspendidas.


La observación
En tanto, la Comisión Nacional del Agua informó que los 27 organismos operadores de agua en el estado de Puebla cuentan con al menos una irregularidad en sus servicios, permisos o concesiones.

El delegado de la dependencia federal, Germán Sierra Sánchez, detalló que en Puebla existen en total 735 casos de irregularidad en todos los municipios y organismos operadores de agua.

Sin embargo, afirmó la entidad no se encuentra en “focos rojos” ya que a nivel nacional se registraron 73 mil casos, lo que ubica al estado en los primero lugares en cuanto al cumplimiento de esta norma.

Por lo tanto, la Conagua buscará regularizar dichas concesiones a través del decreto promulgado el pasado 7 de abril por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales.

“Las personas físicas y morales que cuenten con algún tipo de título de concesión o asignación vencidos o que no hayan solicitado una prorroga a tiempo tendrán la oportunidad de regularse”.

El decreto apunta que los concesionarios que hayan perdido vigencia en su licencia podrán adicionarse al decreto por medio de la presentación de una serie de requisitos que les permitirá de nuevo contar con una aprobación para operar de 10 a 30 años.