Alrededor de 40 transportistas ganaron la sentencia definitiva de un amparo contra la nueva “ley del Transporte”, en la que se protegen contra el gobierno de Puebla para que sus concesiones no les sean retiradas por la llegada de la línea 2 del Red Urbana de Transporte Articulado o metrobús.
Algunos concesionarios revelaron a Intolerancia Diario —con la condición del anonimato, por temor a represalias— que lograron ganar el juicio en el Juzgado Noveno de Distrito, por lo que la reforma a la “ley del Transporte” no les puede ser aplicada.
Aclararon que esta victoria en los tribunales es contra dicha legislación y no contra la construcción de la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la cual continúa su proceso de manera normal.
Los concesionarios de diversas rutas o derroteros que cruzan la 11 Norte-Sur señalaron que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Transportes, sigue manteniendo hermetismo en los planes que hay para sus camiones.
Señalaron que este hermetismo es el que provocó que acudieran a la justicia federal para protegerse ante la llegada del metrobús, y sobre todo ante la experiencia ganada por el ejemplo de la línea 1 de la RUTA.
A la primera línea de este nuevo sistema de transporte le retiraron alrededor de cien concesiones con la promesa de que los transportistas serían parte de un fideicomiso en el cual recibirían alrededor de 6 mil pesos mensuales.
Sin embargo, al paso del tiempo el dinero no les fue pagado por la empresa Servicios Articulados de Puebla (SAPI); en tanto, el gobierno estatal comenzó una recuperación de la administración de la RUTA, ante supuesto fraude, por lo que los concesionarios se quedaron fuera.
Hace unos meses, el gobierno del estado retomó la administración de la línea 1 de la RUTA, la cual es ahora manejada por la dependencia estatal Carreteras de Cuota, luego de que apenas un día antes se reformó la “ley del Transporte” en el estado, donde se le facultó.
Fueron 152 concesionarios que circulaban sus unidades por el derrotero actual del metrobús, participaban en RUTA como accionistas al cobrar 6 mil pesos mensuales, los cuales dejaron de pagarles hace medio año y ahora ya no cuentan con nada.
“Ese fue un engaño que les hicieron a los concesionarios, primero les doraron la píldora al decir que recibirían su dinero sin trabajar, con el supuesto fideicomiso, pero les metieron una empresa que lo iba a administrar.
”Ellos entregaron inocentemente sus concesiones sin luchar, firmando todo, por lo que para el gobierno ya le fue fácil deshacer ese fideicomiso y dejar fuera de la jugada a cientos de familias, ellos mismos entregaron su patrimonio”, indicaron.
Por lo tanto, subrayaron que buscaron el amparo contra las modificaciones a la “ley de Transporte”, para que no puedan retirarles las concesiones, por las que están dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias.
Fue apenas hace poco más de una semana cuando el juez de distrito resolvió a favor de los concesionarios, al otorgar la suspensión definitiva de los alcances de la legislación que pudieran perjudicarlos.
Sin embargo, la Secretaría de Transportes no se quedó de brazos cruzados y metió un recurso de revisión para que sea un cuerpo colegiado, conformado por magistrados de la justicia federal, el que revise el amparo que perdieron, que sería su última opción.
Se espera que sea a finales del 2014 cuando los magistrados federales del Poder de la Judicatura Federal resuelvan el asunto, justo unos días antes de la inauguración de la línea dos de la RUTA.
Todavía quedan pendientes más de 300 juicios amparos que están buscando protegerse para evitar que desaparezcan más de 30 rutas ante la inminente llegada del metrobús.
Los transportistas son de las principales rutas o derroteros que cruzan la avenida 11 Norte-Sur, al tiempo de acusar que la Secretaría de Transportes no les ha emitido ninguna información.
“Nada, nadie de gobierno nos dice nada, ni nuestro futuro, ni qué será de nuestras rutas, hay una total opacidad”, dijo uno de los concesionarios, al solicitar anonimato por temor a que haya represalias por hablar con la prensa, lo que les prohibieron.
Aún se desconoce el futuro de los conductores de las unidades, pues se calcula que cada uno de los 300 camiones generan cinco empleos directos, por lo que cerca de mil 500 familias serían afectadas. “Los transportistas no saben nada de nada”, dijeron.
A los transportistas no les ha quedado de otra que recurrir a la justicia federal, por medio de la interposición de amparos, mientras obreros trabajan a marchas forzadas para concluir la infraestructura de la línea 2.
Temen que tras la conclusión de las obras de la línea 2 del metrobús, que correrá toda la 11 Norte-Sur, por donde circulan sus autobuses actualmente, les quiten las concesiones, de igual modo que a los de la línea 1.
A pesar de todo, la Secretaría de Transportes (TS) asegura que existe diálogo pacífico con transportistas de las rutas que transitan por la 11 Norte-Sur; a la par, la línea 2 del metrobús avanza conforme a lo planeado.
Señalaron los concesionaros que se mantendrán no sólo expectantes, sino que estarán pendientes de sus procedimientos jurídicos, pero sin protestas, ya que luego de una manifestación de hace un año, el 5 de julio de 2013, aprehendieron que no es la vía, sino mejor la legal.
En dicha protesta, que generó conflicto vial por varias horas al sur de la ciudad, fueron desalojados con la fuerza pública y detenidas 15 personas, quienes están bajo un proceso penal desde entonces.
Hace más de un año se presentó oficialmente la nueva línea del metrobús, que tendrá un costo de más de 2 mil millones de pesos, por lo que desde entonces se negocia con transportistas sobre su papel en este proyecto.