Las ruinas de lo que por más de dos siglos fue la Casa del Torno, se han convertido en un estandarte de activistas y monumento a la impunidad.

A tres años de derribado el inmueble que estaba catalogado como histórico, no hay sanciones de ningún tipo a pesar de que existen investigaciones federales en el asunto, tanto en el tipo penal como administrativo.

La Casa del Torno estaba ubicada en el corazón del barrio del Artista desde el siglo XVII cuando fue construida. Finalmente, el gobierno de Rafael Moreno Valle la derribó a finales de 2012.

El plan era colocar ahí la estación principal del Teleférico que cruzaría del Centro Histórico hacia la zona de los Fuertes, donde en 1862 se registró la Batalla de Puebla.

La casona cobró mayor fama una vez que fue destruida, luego de que activistas y arqueólogos expertos arremetieran contra el gobierno estatal mediante amparos y protestas por la destrucción.

Tras largos procesos jurídicos, lograron detener la destrucción y ahora solo quedan como muestra de esta “guerra” las paredes derruidas y varillas oxidadas.

En tanto, los protagonistas continúan su trayectoria de manera normal: el titular del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle, a punto de terminar su sexenio y el entonces delegado del Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH), José Miguel Rivas García, quien trabaja para el gobierno del estado.

Congelados

Un año 8 meses lleva congelada la denuncia penal 153/2014/IV/PGR, contra el gobernador Rafael Moreno Valle por la destrucción del inmueble histórico.

Todo ese tiempo se fue a la congeladora; no ha habido avances y al parecer está archivada.

Fernando Cuéllar Muñoz, integrante del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, fue quien interpuso la denuncia que duerme en los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista, indicó que es incongruente que el Congreso del Estado buscó aplicar la ley contra grafitis y aplicar 12 años de prisión a los infractores, mientras que las mismas autoridades estatales destruyeron un inmueble sin castigo.

“En algunos casos en un parpadeo se integran las denuncias y en otros como este sigo esperando para ver qué me dicen de la averiguación previa que presenté”, señaló al mostrar la denuncia ante la Procuraduría General de la República el 13 de febrero de 2014.

“O hacemos valer el Estado de Derecho o nos va a cargar la trampa”, dijo al referir que todo es opacidad, ya que incluso con las estructuras de metal que se desmontaron por el Teleférico, las vendieron los trabajadores por kilo, porque no les pagaban.

El premiado

El exdelegado del Centro INAH Puebla, José Miguel Rivas García, quien entregó los permisos anómalos para la construcción del Teleférico sin estar debidamente sustentados, trabaja para el gobierno de Puebla.

Estas anomalías supuestamente son investigadas también desde hace dos años por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque al parecer también está archivada.

Rivas García fue nombrado director general de Tenencia de la Tierra a mediados de 2013.

Desde entonces, el INAH inició un proceso judicial en su contra por haber entregado permisos para la construcción del Teleférico sin estar debidamente sustentados.

Así lo revela el acta de la reunión de la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles 2013, en poder de Intolerancia Diario.

El acta fue entregada a Intolerancia Diario mediante un resolutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), debido a que el INAH se negó al haber reservado cualquier dato del Teleférico durante dos años.

De este modo, por primera vez la institución encargada de resguardar monumentos históricos reconoció la existencia de dos permisos para realizar el Teleférico, aunque con diversas irregularidades.

Rivas García estuvo al frente de la delegación del INAH en Puebla, ocho meses, calificada por diversos medios de comunicación como una actuación polémica, sobre todo por la entrega de dichos permisos.

En febrero de 2013 se informó de la salida de Rivas García, semanas antes el Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla dio a conocer que el INAH admitió de manera oficial que no contaba con un estudio sobre la ruta del Teleférico.

El ahora exdelegado aseguró a medios de comunicación que existía un documento sobre el derrotero que justificaba su construcción en la Antigua Casa del Torno.

José Miguel Rivas no sólo fue criticado por especialistas, académicos y asociaciones civiles, sino también por los propios sindicalizados de la delegación.

Todos lo acusaron en más de una ocasión de no defender el patrimonio histórico del estado, como fue en la restauración del Fuerte de Guadalupe y la destrucción Casa del Torno, por lo cual emprendieron una lucha para buscar su sustitución, la cual lograrían. 

El último evento al cual acudió Rivas García como delegado del INAH fue el 14 de febrero de 2013, cuando acompañó al gobernador y al entonces secretario de Infraestructura Antonio Gali Fayad a la puesta en marcha de la recuperación de la imagen urbana del municipio de Atlixco.

En enero de ese año se le cuestionó a José Miguel Rivas si temía ser sancionado por la administración de Enrique Peña Nieto al haber autorizado los trabajos para la edificación del Teleférico, a lo que respondió que no, pues aseguró que las obras siempre fueron estudiadas.

Leyes violadas

En un artículo, la antropóloga y especialista en monumentos históricos, Ana María Ashwell, informó que con la destrucción fueron violadas leyes locales, nacionales e internacionales.

Explicó que la antigua casona estuvo catalogada desde 1990 como edificio patrimonial en el marco jurídico de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Supuestamente aseguraba así su preservación y continuidad en la historia de Puebla.

Explicó que para derruir la casona se violó en primer lugar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (la llamada Ley INAH).

También se violaron leyes estatales, es decir, los decretos que desde 1965 declararon Zona Típica Monumental al entorno patrimonial de Puebla.

Además, se vulneraron adicionalmente leyes y reglamentos municipales que regulan la intervención de inmuebles en el Centro Histórico de Puebla, añadió.

“Únicamente el Cabildo puede aprobar cambios de uso de suelos en el Centro Histórico y ningún alcalde ni secretario de Obras Públicas tiene atributos legales para autorizar, derruir, menos descatalogar un edificio protegido como monumento histórico y cambiar el uso de suelo”, explicó la especialista.

La reconstrucción

Luego del escándalo, el actual delegado del INAH, Francisco Ortiz Pedraza, informó que fue autorizada la demolición y reconstrucción de la Casa del Torno toda vez que sea utilizada como espacio cultural.

Por su parte, Sergio Vergara Berdejo, gerente del Centro Histórico, reveló que la Casa del Torno albergará la "Casa de la Reflexión" de la UNESCO, donde se podrán consultar proyectos culturales de Latinoamérica.

La reconstrucción del inmueble costará 15 millones de pesos, recursos erogados por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Indicó que los recursos que serán requeridos para los trabajos de reconstrucción, el 80 por ciento fueron asignados por Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

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15 millones de pesos costará la reconstrucción del inmueble; los recursos serán erogados por los gobiernos federal, estatal y municipal.