Han pasado más de 67 meses de lucha de quienes fueron concesionarios de la primera línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), desde que los despojaron de sus ingresos en tiempos morenovallistas.

En manifestación frente a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), afirman que la deuda a 195 transportistas ya asciende a 400 millones de pesos.

A los transportistas les fueron retiradas las concesiones en el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando los quitaron de socios de la RUTA para que manejara la línea Carreteras de Cuota Puebla.

Una de las promesas que recibieron para quitar sus líneas de transporte público, fue que tendrían participación en las ganancias en la primera línea de unidades articuladas.

Sin embargo, en los primeros meses les quitaron los apoyos que iban hasta de seis mil pesos mensuales a cada uno, sin ninguna indemnización.

El 13 de diciembre de 2016, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo del Sexto Circuito falló a favor de los transportistas representados por Juan Cervantes.

La justicia federal ordenó a Miguel Ángel Aceves, entonces presidente de Servicios Articulados de Puebla (SAPI), pagar las prestaciones reclamadas que ahora ascienden a 400 millones de pesos, pero éste impugnó la decisión.

En enero de 2013, se puso en marcha la primera línea de la RUTA y en junio de 2014 el gobierno de Rafael Moreno Valle la “rescató” financieramente.

Quitó el morenovallismo la concesión que había dado a los accionistas originales del proyecto, debido a que entre ellos surgieron acusaciones de desfalcos y la falta de entrega de utilidades.

Ahora, los concesionarios socios del SAPI han desconocido a Miguel Ángel Aceves, como su representante, y nombraron a Juan Cervantes.

Este martes, con pancartas y mantas en mano de Justicia, los accionistas, señalaron que llevan más de tres años una lucha jurídica, para que las autoridades estatales, les devuelvan la administración de la línea 1 de RUTA.

La protesta

Los concesionarios se manifestaron este martes frente a las instalaciones de Casa Aguayo, para exigir la devolución de 500 concesiones a 195 transportistas.

Pero también exigen 400 millones de pesos generados por su inversión a este sistema de transporte que impulsó el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Juan Cervantes Hernández, dirigente de los transportistas agraviados y presidente del Consejo de Servicios Articulados de Puebla (SAPI), espera que el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido haga valer la Ley.

No descartó que el representante del Consejo Administrativo del SAPI, a cargo de Miguel Ángel Aceves Mendoza, haya ocurrido en malversación de fondos o desvío de recursos con la anuncia del entonces gobierno de Moreno Valle.

Incluso, reveló que se acercaron con el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, para exponerle su situación.

“A pesar de que somos del consejo de administración, Carreteras de Cuota nunca nos ha llamado; les exigimos por escrito que hagamos cuenta, pero nunca han querido hacerlo”, denunció.

Solicitaron al candidato que si llega a la gubernatura del estado les cumpla a los transportistas que invirtieron en la línea 1 del RUTA.

Aunque reconoció que los transportistas no ejercen el voto corporativo, pero se comprometieron a trabajar para que Barbosa llegue a Casa Puebla.

Indicó que nunca les informaron de las ganancias, muchos menos ha pagado los 10 mil pesos que el gobierno estatal de entonces prometió entregar mensualmente a cada uno de los 500 transportistas.

-¿La opacidad en el manejo del recurso se deba a un presunto desvío?

-Sí, estamos seguros, por esa razón no quieren dar cuentas porque cada uno “jaló agua para su molino”, hubo corrupción.

El amparo

La justicia federal otorgó un amparo a los inconformes el 14 de marzo de 2017 por segunda ocasión; aunque la contraparte reclamó el resolutivo judicial.

El 24 de octubre del mismo año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Sexto Circuito emitió una decisión final, la cual favoreció por tercera ocasión a los quejosos.

De este modo, Juan Cervantes acusó que ni el Consejo SAPI ni las autoridades estatales han garantizado que se cumpla la Ley y le paguen a los transportistas.

“Logramos recuperar la operación del sistema de transporte y nuestra empresa, que es SAPI, pero se niegan a entregárnosla”, acusó el líder de los accionistas.

En ese sentido, insistió que las autoridades estatales tienen que reconocerlos nuevamente como administradores de la RUTA 1.

Uno de los concesionarios y socio, Carlos Sánchez, afirmó que el compromiso asumido por el gobierno estatal era pagarles 6 mil pesos el primer año, y después 10 mil pesos mensuales.

“Acudimos a este gobierno, para que resolver el conflicto que lleva ya más de cuatro años, y no se ha podido destrabar, pese a que las autoridades federales nos han concedido la razón de que tienen que recuperar sus fuentes de empleo”.