De mil 128 homicidios dolosos registrados en Puebla, solo dos llegaron a sentencia durante todo 2019, un 0.18% y solo seis feminicidios de 58 registrados oficialmente, llegaron a un dictamen final judicial.

Con los dos botones de muestra, inicia oficialmente la gestión del ahora fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien estuvo encargado de despacho desde el 11 de septiembre de 2018.

Se aprecia en las estadísticas el alto índice de impunidad en la entidad poblana, luego de que en el año pasado se abrieron 46 mil 543 carpetas de investigación en 12 delitos de alto impacto.

Sin embargo, solo llegaron a sentencias 58 casos, lo que representa el 0.12% del total de las carpetas investigación iniciadas, según un estudio del observatorio ciudadano Igavim.

El análisis presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), está basado en solicitudes de información y datos del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los delitos analizados fueron homicidios dolosos y culposos; feminicidios, secuestro, extorsión, violación; robos con violencia, de vehículo, casa habitación, negocio, transeúnte y transportista.

Incluso resalta que toda vez que no se ha iniciado ningún procedimiento jurídico contra el ex Fiscal Víctor Carrancá Bourguet por las deficiencias que se generaron durante su gestión, la acumulación de impactos negativos será compartida.

“No debe haber pretexto para eficientar el trabajo inmediatamente y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía que mucho se ha perdido”, pide igavim.

Impunidad

El estudio señala que el mayor número de carpetas de investigación concluidas durante 2019 fueron clasificadas en Determinación del no ejercicio de la acción.

Lo anterior significó que tan solo el 8.20% del total de las carpetas investigación iniciadas de los delitos analizadas fueron clasificadas en este rubro.

El 1.69% de las carpetas de investigación iniciadas de los delitos señalados se determinaron como archivo definitivo, derivado de la falta de integración y ejercicio de la acción penal oportuno por el Ministerio Público.

Sin embargo, no implica la extinción de la acción penal, ni la prescripción de la pretensión punitiva o de castigo.

El mayor número de carpetas de investigación por el delito de violencia familiar se clasificaron en Determinación del no ejercicio de la acción.

Asimismo, el mayor registro de carpetas de investigación concluidas en 2019 se presentó en robo de vehículo, robo a negocio y robo con violencia.

Sin embargo, del total de las carpetas investigación concluidas en los 12 delitos analizados, tan solo representó el 14.98% del total de las carpetas de investigación iniciadas durante 2019.

La comparativa

“Al comparar el 2019 con el 2018 se puede observar que hubo un avance importante en las carpetas de investigación concluidas del 202.64%, sin embargo esto no se refleja aún en el desempeño”, resalta Igavim.

Detalló que del 2016 a 2018 no hay registros de carpetas concluidas por feminicidio, sin embargo, durante 2019 se registraron las seis sentencias señaladas.

Por lo tanto, señala el organismo civil entre sus conclusiones , que el primer paso para mejorar la atención de la ciudadanía es cubrir las necesidades en las fiscalías y/o Ministerios Públicos que al día de hoy siguen sin ser cubiertas en algunas de ellas desde insumos, logística, médicos legistas, personal en general.

Incluso, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) tuvo diversos acercamientos con Congreso del Estado de Puebla en donde expuso la importancia de cubrir sus necesidades, por lo que para 2019 se dieron los primeros avances en recursos económicos y personal.

Asimismo, resaltó que en 2019 tuvo un incremento en la transparencia de la FGE.

“Las debilidades de logística observadas en algunas fiscalías y/o ministerios públicos justifican que el ciudadano tenga desinterés por denunciar”, se subraya en el estudio.

Resalta que la FGE continúa sin tener desglosados los registros del gasto económico promedio que se utiliza por delito.

“Aunque sus informes contables están elaborados bajo lo indicado por el Sistema de Contabilidad Gubernamental solo son generales y no desagregados, lo que limita la rendición de cuentas ante la ciudadanía y exhibe una planeación frágil en la trazabilidad”, señala.

Por lo tanto, asegura que aún persisten debilidades por deficiencias operativas de años anteriores, esto ha generado un limitado desempeño laboral en algunas fiscalías, desatención a la ciudadanía y un seguimiento inadecuado y lento.

“Si el delito no tiene la atención ni el seguimiento oportuno dentro de la Procuración de Justicia, el proceso para la reducción del delito será lento, limitando el trabajo de seguridad en los municipios”, continúa el estudio.

Problema nacional 

A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3 por ciento, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018. 

Así lo revela un estudio de la organización civil Impunidad Cero, el que evaluó a las Fiscalías e instituciones de procuración de justicia, incluida la de Puebla.

Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito con apenas 3.4 por ciento, mientras que Guerrero es la de menor probabilidad 0.2%. 

Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.

Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.

En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.

El adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad que impera en el país. Este Índice es una herramienta que busca que las entidades logren identificar qué políticas y qué prácticas funcionan para poder mejorar.

Para el Índice 2019 se estimó que el 40% de las sentencias condenatorias en el país correspondieron a penas de hasta tres años de privación de la libertad, de acuerdo con la información más actualizada.

Si bien es aún un porcentaje importante, se observa una mejora considerable, ya que en la edición anterior del índice era de 53%.

Las entidades que encabezan la gráfica de proporción de sentencias de menos de tres años serían las que ocupan los peores lugares, ya que, como se ha mencionado, lo deseable es que este indicador sea cada vez menor.

Chihuahua encabeza por tercer año consecutivo este indicador, el Estado de México, Coahuila, Morelos, Zacatecas y Ciudad de México presentan una política criminal focalizada en delitos de alto impacto, ya que más del 75% de sus sentencias condenatorias son por más de tres años.

Por el contrario, entidades como Campeche (90.2%), Aguascalientes (87.6%), Baja California (82.8%), Chiapas (80%) y Nuevo León (77.1%) están concentrando sus esfuerzos en delitos que no son de alto impacto.