Al menos 47 servidores públicos fueron acusados por ejercer violencia institucional, entre ellos el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal y el director del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Puebla (Cecofam).
Así lo afirmaron en una manifestación integrantes la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia y Fundación Sorora.
En la manifestación a las afueras del Cecofam, teniendo como el marco el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), día contra la violencia señalaron que marcharon para evidenciar a la violencia institucional.
“La injusticia tiene nombres y apellidos”, señalaron al nombrar a cada uno de los funcionarios, la mayoría de ellos parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), como por ejemplo la fiscal especializada en delitos de género contra las mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar; titular de la unidad especializada en delitos sexuales, Liliana Flores Huerta; además de los ministerios públicos, Joseline Paredes Corona, Karla Picaso, César Arriaga y Beatriz Beristain, entre otros.
“Estaremos con presencia constante demandando a los poderes no más violencia institucional”, señalaron a gritos mientras cerraron el bulevar 5 de Mayo.
Una de las manifestantes señaló que las autoridades no han visto por el interés superior de ella y sus hijas que son menores de edad; “ya basta a todos a psicólogos, psicólogas que no hacen bien su trabajo (…) les pido que dejen de ser unos servidores públicos que no ayuden”, dijo.
Además acusaron que en el Cecofam, ubicado en Ciudad Judicial, que se inauguró en el 2019 se reciben a los menores y sus padres que atraviesan algún conflicto familiar, pero son revictimizados.
Bajo el eslogan de «Porque la injusticia tiene nombre y apellido», la Fundación Sorora y el colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, las mujeres buscan visibilizar sus casos.
Además exhibieron un tendedero a las y los servidores públicos que han revictimizado a mujeres que padecen violencia de género, violencia vicaria, u otro tipo de violencias y que atraviesan un juicio o un proceso.
“Alto al maltrato de servidoras y servidores públicos que alargan y obstaculizan los procesos, limitando el acceso a la justicia», acusaron en mantas.
El Cecofam ha sido acusado desde 2023 de no atender a las madres con perspectiva de género, así como de favorecer a los padres “abandónicos”.
