Diversas organizaciones sociales denunciaron la responsabilidad de la empresa Agua de Puebla en la grave contaminación que afecta a los ríos Atoyac y Alseseca.

La compañía, encargada del suministro y saneamiento de agua en la región, ha sido señalada por verter aguas residuales sin tratar en el Atoyac, generando un impacto ambiental y de salud pública de gran magnitud.

Agua de Puebla ha justificado la falta de tratamiento de aguas residuales argumentando limitaciones en su capacidad financiera y operativa.

No obstante, organizaciones como la Colectiva por el Bienestar Social, la Defensa Colectiva del Agua en Puebla y la Asamblea Social del Agua han señalado que la empresa obtiene ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales, mientras que el gobierno estatal anunció 400 millones de pesos al mantenimiento de plantas tratadoras.

Estas cifras ponen en duda la versión de la empresa y refuerzan las críticas hacia su gestión.

Empresas contaminantes y falta de regulación

Las denuncias apuntan a que el principal obstáculo para el saneamiento del Alto Atoyac es la injerencia del poder económico sobre el derecho de la población a vivir en un ambiente sano.

Entre los efectos más graves de esta contaminación se encuentran enfermedades renales crónicas, trastornos en el neurodesarrollo, afecciones cardiovasculares, diabetes, daño genotóxico y cáncer, especialmente en niños y jóvenes.

Las organizaciones señalaron directamente a la concesionaria Agua de Puebla, la cual descarga hasta 3 mil litros por segundo de aguas residuales sin tratar en el Atoyac, lo que representa el 75% del caudal contaminado en el tramo Zahuapan-Atoyac.

Según los informes, los contaminantes más tóxicos provienen de industrias instaladas a la orilla del río, principalmente del sector automotriz, metalúrgico, petroquímico y textil, cuyos desechos se vierten sin el debido tratamiento.

Otra de las preocupaciones expresadas es la falta de monitoreo independiente de la calidad del agua, ya que este proceso está en manos de empresas privadas contratadas por el gobierno, lo que pone en duda la confiabilidad de los reportes sobre contaminación y cumplimiento de normas ambientales.

Activistas han propuesto la implementación de análisis físicos y químicos constantes para determinar el tipo de contaminantes presentes en el agua y contrastarlos con los reportes oficiales.

Impacto en la salud pública

Según un informe del Conacyt, en la Subcuenca del Alto Atoyac viven más de 4 millones de personas, convirtiéndola en una de las zonas más contaminadas del país.

Los niños de entre 5 y 9 años son los más vulnerables, con una mayor probabilidad de desarrollar leucemia, mientras que los jóvenes de entre 15 y 25 años presentan una incidencia elevada de enfermedad renal crónica.

Los expertos advierten que la crisis sanitaria podría agravarse si no se toman medidas urgentes.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado un plan integral de saneamiento del Atoyac ante las autoridades, ni se ha convocado a especialistas ni organizaciones expertas en la materia para abordar la problemática de manera efectiva.

Pruebas visuales refuerzan denuncias

A través de redes sociales, activistas y ciudadanos han difundido videos que muestran la grave contaminación de los ríos, evidenciando descargas de aguas residuales con altos niveles de toxicidad.

En las imágenes se observan cuerpos de agua oscuros, con espuma y residuos industriales flotando en la superficie.

Estas pruebas han generado indignación y han reavivado el llamado de la sociedad para que las autoridades tomen acciones inmediatas.

Diversas organizaciones han exigido que en esta "era de la transformación" se garantice la inclusión activa del pueblo en las decisiones ambientales y se ponga fin a la privatización del saneamiento, drenaje y alcantarillado, un modelo que, según denuncian, ha fracasado rotundamente en garantizar el derecho al agua limpia y segura.