A tan solo horas de haber sido elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, anteriormente conocido como el cardenal Robert Francis Prevost, se encuentra en el centro de una controversia.

Organizaciones de sobrevivientes de abuso sexual y medios internacionales han sacado a la luz acusaciones que lo señalan por presunto encubrimiento de casos de abuso sexual durante su tiempo como obispo de la Diócesis de Chiclayo, en Perú.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia formal ante el Vaticano en abril de 2025. En ella, se alega que Prevost permitió que sacerdotes acusados de abuso continuaran en ministerios cercanos a menores sin informar a las autoridades civiles ni tomar medidas adecuadas para proteger a las víctimas.

Uno de los casos mencionados es el del sacerdote James Ray, quien, según un informe del Fiscal General de Illinois de 2023, cuenta con 13 denuncias de abuso sexual infantil.

A pesar de ello, Prevost le habría permitido residir en un convento cercano a una escuela católica sin notificar a la administración del colegio sobre su historial. 

Además, tres hermanas peruanas, incluyendo a Ana María Quispe, han denunciado públicamente que fueron víctimas de abuso por parte de los sacerdotes Eleuterio Vásquez Gonzáles y Ricardo Yesquén.

Alegan que, al presentar sus denuncias en 2022, Prevost no abrió una investigación adecuada y que la diócesis permitió que los sacerdotes continuaran celebrando misa.

La diócesis de Chiclayo ha defendido la gestión de Prevost, afirmando que se tomaron medidas cautelares, como la suspensión de los sacerdotes denunciados.

Sin embargo, las denunciantes refutan estas afirmaciones, indicando que no fueron citadas para declarar y que no existe evidencia documental de una investigación formal. 

Estas acusaciones han generado preocupación entre los fieles y han reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Iglesia Católica.

Organizaciones como SNAP han instado al nuevo pontífice a tomar acciones decisivas en sus primeros 100 días de pontificado, incluyendo la creación de una Comisión Global de la Verdad y la implementación de una política de tolerancia cero universal en el derecho canónico.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido una declaración oficial en respuesta a estas acusaciones.