Un abogado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) de Puebla fue acusado de violación por Miriam N., quien acudió a él por el caso de su hija de 16 años, quien fue abusada y quedó embarazada de su padrastro Ramón N. para después llevársela junto con su hermana, lo que es considerado por la ley como violencia vicaria.
Miriam N. reconoció al sujeto como Mario O., quien la citó fuera de instalaciones oficiales para atender su caso en Huauchinango. De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron en un despacho privado, donde el sujeto le dio una bebida para drogarla y abusar de ella.
Durante la conferencia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la víctima narró éste y otros obstáculos que ha enfrentado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial para encontrar justicia contra Ramón N., además del regreso a casa de sus hijas y una bebé producto de la violación.
Afirmó que Gloria Báez, Hilda Mariana Bonilla y Hugo Israel Pineda, todos funcionarios de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la FGE, se negaron a levantar su denuncia en marzo, cuando el acusado se llevó a su hija Ximena, de 8 años, Andrea, de 16 años – a quien violó y embarazó – y a su bebé.
Detalló que la Fiscalía descartó atender su caso porque tardó en denunciar la violencia que Ramón N. ejerció contra ella, además de que el médico legista no le encontró golpes.
En marzo, cuando el sujeto se llevó a sus hijas, también se negaron a emitir una Alerta Amber, porque quien las sustrajo era su papá.
Luego de cinco meses de no tener mayor información del denunciado y de ellas, solo que estaban en Tijuana, Baja California; Ramón N. regresó a Puebla por consejo de su hermano, el juez Celestino Martínez Bones, añadió Miriam N.
La semana anterior, un juez en Huauchinango reclasificó el delito de violación contra Ramón N., con lo que quedó en estupro, por lo que puede seguir su proceso en libertad.
De acuerdo con Miriam N., su expareja también la amenazó de muerte. Me dijo que “prefiere tener a sus hijas sin madre, a que yo termine este proceso”.
Actualmente, Ximena, Andrea y su bebé se encuentran bajo resguardo del Sistema Estatal DIF.
Preocupación por caso
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que se encuentra preocupado por la actuación del Poder Judicial en este y otros casos, luego de que justificó la decisión de reclasificar el delito contra Ramón N., al dar por hecho que las relaciones entre él y la menor fueron consensuadas.
“Estamos muy preocupados de que la actuación de los jueces este ajustada a la ley (…) dan por hecho que son relaciones consentidas entre una niña y un hombre de más de 40 años, con toda la autoridad, sometimiento que puede ejercerse desde una posición de supuesto padre”.
Por lo anterior, pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Judicatura que asuman la investigación del caso, por el bien de la sociedad.