La Fiscalía General del Estado (FGE) no encontró elementos para tipificar algún delito por la supuesta venta de niños en el Sistema Estatal DIF (SEDIF), como lo denunció en agosto de 2019 el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
El consejero jurídico del Gobierno de Puebla, Jonathan Ávalos Meléndez, dijo que la investigación se llevó a cabo en el año 2021.
“La Fiscalía del Estado, después de llevar a cabo las indagatorias correspondientes en 2021, determinó que no había elementos para tipificar algún delito ni encontrado una cuestión que diera por cierto lo que decían las notas periodísticas y, por consecuencia, dictó no ejercicio de la acción penal”.
El 23 de agosto de 2019, Miguel Barbosa acusó: “Créanme que en el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores, es terrible, y una vez que tengamos más elementos va a ser objeto de denuncias y eso se debe a la debilidad en el funcionamiento del organismo y, desde luego, a la corrupción”.
De acuerdo con el consejero jurídico, la denuncia ante la FGE fue presentada a partir de las notas periodísticas que hablaban de irregularidades en el organismo.
Respeto a la ley
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que los procesos de adopción del SEDIF se mantienen en el marco de la ley, con la finalidad de que los menores tengan oportunidad de una familia.
Añadió que la presidenta del sistema, Gabriela Bonilla Parada, vigila que las adopciones se hagan legalmente, y que constantemente hay sesiones en el organismo para atender las solicitudes de parejas interesadas.
