Tras avalar la "Ley chaleco" para regular el uso de motocicletas en el estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier reprochó al Congreso local haber desechado el uso obligatorio de chaleco antireflejante con la matrícula de la placa de circulación.

Con ello, dijo que se perdió el objetivo de prevenir homicidios y otros delitos que se comenten abordo de este tipo de transporte.

Inclusive, resaltó que con esta acción se puso de manifiesto que el Ejecutivo “no dio línea” al Legislativo para la aprobación iniciativas.

“Yo no hubiera quitado el chaleco, pero ya lo quitaron. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera estado a favor de que el chaleco también tuviera el código, aunque fuera un chaleco biker, se puede poner un pegote, un parche, pero bueno”, manifestó.

El mandatario estatal recordó que la segunda causa de los homicidios en la entidad poblana es con uso de motocicletas.

Recalcó que las autoridades no prohíben el uso de las motocicletas, lo que se busca con la iniciativa es regular el uso de este vehículo.

Por lo anterior, lamentó la postura que han asumido algunos motociclistas en contra de dicha regulación, por tratarse de una medida que los estigmatiza como delincuentes.

En este sentido, el gobernador hizo hincapié en que sólo cuando pasa un incidente mayor a un familiar, es cuando los ciudadanos reclaman leyes más estrictas.

Así que advirtió que en Puebla “se acabó la fiesta para quienes tomaron a la entidad como un centro para el abuso del poder”, dado que ahora se va a poner orden.

“Los que están en contra, ¿ustedes se van a ser responsables? o van a decir que son culpa del gobierno por no hacer nada”, reclamó.

En días recientes motociclistas han encabezado manifestaciones en Puebla, bloqueado la Calzada Ignacio Zaragoza, frente al edificio del Congreso del estado, en protesta por la iniciativa de ley que los obligaría a usar chaleco con la matrícula de su vehículo y casco con la misma distinción, la cual se encuentra en discusión en comisiones.

Los inconformes argumentaron que esta medida no ha funcionado en otros países de Latinoamérica como Colombia, donde derivaron en extorsiones y robo de identidad.