Dos minutos antes de la medianoche, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, Jorge Daniel Martínez Casco, así como el subdirector Arturo Parra Osorio y seis elementos de Seguridad y Custodia, fueron consignados al penal de San Miguel, a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal por la fuga de 11 internos considerados de alta peligrosidad.

Los ocho detenidos como presuntos responsables del delito de fuga de reos fueron trasladados por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) del Complejo de Seguridad Pública del municipio de San Andrés Cholula al Cereso de San Miguel, para que en las próximas horas rindan su declaración preparatoria.

Durante las investigaciones que realizó la PGJ, tras la fuga de los reos de alta peligrosidad, descubrieron que hubo ayuda presuntamente por parte de los ahora detenidos para que los presos pudieran darse a la fuga. Ésta consistió en proporcionarle los medios necesarios para que pudieran escapar, como las llaves de los candados, además de las facilidades de los reos de alta peligrosidad, pese a que existía un antecedente de que estos pretendían darse a la fuga.

Además de este tipo de ayuda, los custodios perdieron o ellos mismos facilitaron un arma de fuego para que los ahora evadidos pudieran controlar a otros internos y que nada los detuviera para escapar, además de un teléfono celular que les permitió tener comunicación con gente fuera del penal que los esperó en vehículos para que pudieran escapar.

El comunicado oficial

“La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ) ejerció acción penal en contra del director y siete funcionarios del Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Pedro Cholula. Lo anterior ante la fuga de once internos registrada durante las primeras horas del domingo 27 de noviembre del año en curso.

”En la integración de la averiguación previa 1881/2011/SACHO se recibieron diversos testimonios, se realizaron pruebas periciales, inspecciones ministeriales y pruebas documentales, entre otras.

”Se determinó que a pesar de que existían antecedentes de la intención de fuga, no se tomaron las medidas necesarias, por el contrario, se dieron diversas facilidades a los reos con lo que fueron quebrantados los lineamientos de seguridad y no se ejercieron los controles necesarios.

”Por medio de una reconstrucción de hechos se estableció que la deformación de los candados de las celdas, fue algo preparado puesto que no existe la posibilidad de que hayan sido forzados, deformados o abiertos desde el interior de la celda, lo que indica que los candados fueron abiertos con su respectiva llave”.

”Los fugados además tenían una serie de concesiones en las que se les permitió el ingreso de aparatos eléctricos como grabadoras que podían escuchar a altos volúmenes, recibir todo tipo de visitas en horarios no permitidos, además de que a partir de las 19:00 horas ya no se hacían rondines o supervisiones en las celdas, lo que facilitó la planeación y organización de la huida.

”Los reos contaban también con un teléfono celular con el que hicieron contacto hacia el exterior del Cereso, y tenía además un arma de fuego con la que amagaron a otros internos para facilitar su cometido. El boquete lo realizaron con un cincel y un barrote de una de las celdas”.

“A través de testimonios se determinó que uno de los prófugos, José Diego Franquiz Contreras, había ofrecido un millón de pesos a un custodio para que le permitieran darse a la fuga. Además existían antecedentes de que el mismo delincuente mencionó en repetidas ocasiones con otros internos que se fugaría.

”Lo anterior permitió encontrar elementos suficientes para consignar por el delito de evasión de presos a los siguientes servidores públicos del CERESO de San Pedro Cholula: Jorge Daniel Martínez Casco, director; Arturo Parra Osorio, subdirector; Maximino Nieto, coordinador operativo; Esteban Sánchez Sánchez, jefe de grupo de custodios; Jaime Castillo Agustín, supervisor de custodios; Víctor Nazario Castillo, custodio; Miguel Ángel Hernández Rocha, custodio; Marcos Hernández Pérez, custodio.

”Las ocho personas referidas, quedarán a disposición de la juez segundo de lo penal, en tanto que la PGJ a través de la Policía Ministerial y el Ministerio Público, continúa realizando las investigaciones en torno al caso.

”La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla refrenda su compromiso de actuar con estricto a apego a la legalidad.”